Noelia de Mingo
Actualmente cumple una condena de 33 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario por una agresión múltiple.
La exdoctora Noelia de Mingo cumple una condena de 33 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario por una agresión múltiple que protagonizó en El Molar (Madrid) en septiembre del año 2021. De Mingo ha solicitado ahora su puesta en libertad bajo tratamiento ambulatorio y custodia familiar del centro psiquiátrico penitenciario.
En un escrito recogido por Europa Press, la defensa de Noelia de Mingo insta a los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que la dejen salir del psiquiátrico para cumplir la medida judicial de 33 años de internamiento que se le impuso. Los abogados consideranr que está equilibrada en la enfermedad que padece, una esquizofrenia paranoide.
La exdoctora fue condenada en 2003 por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz. Sufre una esquizofrenia paranoide, lo que le exime de responsabilidad penal por trastorno mental. Es debido a esto que los magistrados acordaron en 2023 imponerle una condena de 15 años de internamiento en una cárcel psiquiátrica por cada delito de tentativa de asesinato y otros tres por atentado.
La condena se impuso tras el acuerdo de conformidad al que se ha llegado en el juicio entre la Fiscalía de Madrid, la defensa y el abogado de las víctimas. Además, se le impuso una orden de alejamiento con sus víctimas, una medida de libertad vigilada de cinco años por cada delito, además de la prohibición de entrar en El Molar durante ese tiempo. También tuvo que indemnizar con 110.000 euros a una de sus víctimas y con 50.000 euros a otra.
El 20 de septiembre de 2021. Aquel día, la acusada llegó a un supermercado de El Molar con un cuchillo, apuñaló a la dueña y a una cajera. Después de la agresión trató de atacar a unos agentes de la Policía Local, pero fue detenida.
La Fiscalía solicitaba en su escrito nueve años y nueve meses de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado, a la vez que reclamaba que se le aplique la eximente incompleta de anomalía psíquica. El fiscal entiende que "en el momento de los hechos tenía una floración de su enfermedad mental en la que la percepción y el entendimiento de la realidad estaban gravemente alterados y, por tanto, le limitaban sus capacidades intelectivas y volitivas, si bien no las abolía".
En aquel momento, se le impuso una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 25 años, una medida que se sustituyó el 6 de octubre de 2017 por tratamiento ambulatorio en su domicilio.
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