Despido improcedente
El Consejo de Europa ha fallado contra las condiciones de despido improcedente aplicables en España e insta a su modificación ya sea elevando o retirando el límite actual.
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha solicitado la modificación de las condiciones por despido improcedente en España. De este modo, ha dado la razón a la Unión General de Trabajadores (UGT), quien habría formulado una reclamación desvelando que los despidos improcedentes en España no cumplen con el artículo 24 de la Carta Social Europea, un tratado internacional firmado por el Gobierno en 2021.
Desde marzo de este mismo año, tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO), denunciaron en Europa que el despido improcedente en España no resarce el daño ni es disuasorio. De hecho, ronda los 9.000 euros de media. En ese mismo mes, el Consejo de Europa falló a favor de los sindicatos pero su contenido no se ha hecho público hasta cuatro meses después. De hecho, habrá que esperar hasta el lunes 29 para conocerlo en su totalidad.
Ambos sindicatos solicitaron recuperar los salarios de tramitación, es decir, el salario que un trabajador recibe en caso de que un despido sea considerado improcedente o nulo hasta que se resuelva la situación laboral en el Tribunal. También pidieron que los jueces pudieran valorar la obligación de reingreso del trabajador perjudicado. También proponen promover el regreso al trabajo de los empleados y acelerar los procesos legales.
Ahora, con la publicación del fallo a favor por parte de Europa, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha declarado que "el precio de la indemnización tiene que impedir que al empresario le merezca la pena despedir". Además, ha adelantado que esta resolución abre la puerta a que los jueces concedan indemnizaciones a la carta, es decir, indemnizaciones que se adaptan a la situación y circunstancias personales de cada trabajador, y que por tanto, podría ser superior a los 33 días por año trabajado que establece la ley actualmente.
El objetivo es que las empresas no puedan conocer con antelación la cantidad de dinero que les puede costar despedir a un trabajador de manera improcedente y así se evite que los empresarios recurran al recorte de personal. Por tanto, lo que se pretende es eliminar la referencia prefijada, es decir, el tope máximo de 24 meses a las indemnizaciones. También, se plantea fijar un mínimo de seis meses por despido improcedente para evitar que el cese de los trabajadores que no lleven mucho tiempo en la empresa, no sea tan barato.
Por ahora, los sindicatos alegan que el Gobierno debería cambiar la legislación para cumplir el tratado, pero que en caso de que se nieguen a hacerlo, ellos mismos se encargarán de ir denunciando cada caso de despido improcedente. Lo que proponen es abrirse al diálogo y a la negociación con el Gobierno.
La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que trasladará la reforma del despido a la mesa de diálogo social, teniendo en cuenta que era un compromiso del acuerdo del Gobierno de coalición.
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