SEGÚN el Observatorio del Sistema Universitario
Cataluña es la comunidad en la que las matrículas universitarias son más caras y donde la diferencia entre la carrera más barata y la más cara es mayor, en relación con otras comunidades.
El Observatorio del Sistema Universitario (OSU) ha presentado hoy un informe que analiza la heterogeneidad de los precios de la universidad en España, y su representante, Oriol Arcas, ha concluido que "no se detecta un patrón que explique las horquillas" de precios entre grados dentro de una misma comunidad.
Los gobiernos autonómicos marcan el precio del grado según una horquilla entre el 15% y el 25% del coste que tiene ofrecer esa carrera, pero Arcas ha lamentado que el redactado de la ley sea "muy ambiguo" al explicar cómo calcular este coste.
El precio mínimo de un grado en Cataluña es de 1.516 euros por año, y el precio máximo es de 2.372, una diferencia de 856 euros, la diferencia más alta en toda España, mientras en Andalucía, por ejemplo, se establece un precio único de 757 euros para todas las carreras.
El miembro del observatorio ha explicado que calcular el precio de los grados según su coste ha conllevado que unos mismos estudios puedan llegar a costar más del triple de una comunidad a otra, una diferencia que "no está justificada", según Arcas. El grado más barato en España es de Humanidades y se cursa en Galicia por 591 euros, mientras que el más caro son los ciencias de la salud en Cataluña, con un precio de 2.372 euros.
El OSU también ha destacado la diferencia de precios en los másteres no habilitantes -los que no son obligatorios para ejercer una profesión-, donde el más caro se encuentra en Cataluña por un precio de 3.952 euros, y el más barato en Castilla-La Mancha, por 728 euros.
La ley marca establecer el precio de los másteres no habilitantes en una horquilla del 40% al 50% del coste de servicio, pero Arcas ha destacado que hay comunidades, como Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Galicia, donde la ley no se cumpliría. Estas comunidades fijan unos precios muy similares, o iguales en el caso de Castilla-La Mancha, para los grados, los másteres habilitantes y los no habilitantes, algo que debería ser "técnicamente imposible" según Arcas, dado que los grados deben costar como máximo el 25% del coste de servicio y los másteres no habilitantes como mínimo el 40%.
El OSU ha valorado también que "la ley no menciona" que los másteres a "precios especiales", que pueden alcanzar los 13.500 euros por año y se aplican en cinco comunidades (Astúrias, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y el País Vasco), puedan ser "una excepción a la horquilla de precios".
Las comunidades, además de Cataluña, con los grados más caros, donde los precios mínimos están por encima de los 1.000 euros por curso, son Madrid y Castilla y León mientras que las más baratas son Galicia, Extremadura y Cantabria, donde los precios mínimos están por debajo de los 700 euros. La mayor diferencia de precios dentro de una comunidad entre diferentes carreras se da, por detrás de Cataluña, en Castilla y León y Aragón, con una diferencia de 791 euros y 724 euros respectivamente.
Los másteres habilitantes -requeridos para ejercer una profesión- son más caros también en Cataluña, con 2.470 euros por curso, y la Comunidad de Madrid (más de 1.700 euros por curso), mientras que en Castilla-La Mancha y Andalucía tienen precios que oscilan entre los 728 euros y los 1.132 euros.
El estudio del observatorio universitario constata que los estudios de humanidades suelen tener los precios más bajos, mientras que los de ciencias de la salud tienden a tener precios más altos. El OSU ha analizado que la disparidad de precios entre grados y comunidades también se debe a las diferencias de las tasas de gestión universitarias y a las diferentes políticas de precios cuando un estudiante repite curso.
Arcas ha remarcado que las diferencias de precios del sistema universitario español no se encuentra en otros países europeos. Calcular el precio de la matrícula según el "coste del servicio" se establece en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), a través de un decreto ley aprobado en abril del 2012.