Universidades
Las movilizaciones serán el próximo 18 de noviembre. Los estudiantes universitarios denuncian que la Ley de Convivencia Universitaria dejará de protegerlos ante los procesos sancionadores.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, junto a Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, han convocado movilizaciones en varias ciudades españolas para el próximo 18 de noviembre. Protestan ante la escasa atención que se le da a las reivindicaciones de los estudiantes en la redacción del proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario de Castells, contra la autoenmienda que han presentado PSOE, Esquerra Republicana y Unidas Podemos al plan de Ley de Convivencia Universitaria.
Los estudiantes universitarios han denunciado que la Ley de Convivencia Universitariadejará de protegerlos ante los procesos sancionadores, pasando de fomentar la intervención a un modelo punitivo después de la enmienda que han presentado los grupos parlamentarios del gobierno junto a Esquerra Republicana. Esta enmienda rompe el consenso previo que existe entre Crue-universidades Españolas, CREUP y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado acerca del proyecto de Ley.
Manifiesto por la universidad pública
Las tres organizaciones han elaborado el manifiesto conjunto en el que advierten de que la universidad pública "está en juego" y de que las leyes universitarias que están en acción "culminan una reforma elitista" que "añade barreras a la educación superior".
Aseguran que la pandemia y posterior crisis han agravado muchos de los problemas que la universidad arrastra desde hace mucho tiempo y que el proyecto de reforma universitaria "no va a resolverlos, sino a agravarlos", ni tampoco avanzar hacia una universidad pública gratuita y al servicio de la mayoría social, apostillan.
Es por eso que desde CREUP se ha denunciado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario no siga con respecto a la LOU de 2001 en la materia estudiantil, saliéndose de las políticas de fomento de la participación y asegurando los derechos de este colectivo. Además, no avanzará en materia de los precios públicos, democratización universitaria o becas, quedando así fijada en la reforma de 2001.