SEGÚN LOS EXPERTOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES DE COMILLAS
Según los últimos datos, en España se producen en torno a 1.200 delitos de odio cada año relacionados con antisemitismo, aporofobia, religión, discapacidad, orientación sexual o racismo. Además, las personas de etnia gitana son identificadas por la policía 10 veces más que las personas de rasgo caucásicos, los magrebíes 7,5 veces más y los subsaharianos y los afroamericanos 6,5 veces más.
Son algunos de los que el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE ha recabado de diferentes fuentes oficiales para ser incluidas en el último informe de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA). La directora jurídica de esta investigación para España, Cristina Gortázar, que habla en nombre de Comillas ICADE, admite que la situación de los derechos humanos en España debe ser revisada.
Por otro lado, según los datos de Comillas ICAI-ICADE, entre el 16% y el 20% de la población no vería con malos ojos la existencia de partidos racistas. Además, “se tiende a responsabilizar a los inmigrantes del deterioro de las condiciones del mercado de trabajo, y las condiciones de detención en los CIES vulneran los derechos fundamentales de los inmigrantes, como ya subrayó la Defensora del Pueblo publica en 2014”, indica Gortázar, quien alerta sobre las limitaciones de los migrantes irregulares para acceder al sistema de salud pública desde 2013 y sobre el repunte de delitos de odio (1.273 en 2014).
"Se tiende a responsabilizar a los inmigrantes del deterioro de las condiciones del mercado de trabajo"
El informe del IUEM de Comillas ICAI-ICADE destaca datos sobre la pobreza infantil, en la que España es uno de los estados miembros de la UE donde la desigualdad ha crecido más en los últimos tiempos. Asimismo critica las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla (vulneración probable de la regla de non-refoulement) y subraya las denuncias de ACNUR respecto a la escasez de políticas de reasentamiento a refugiados sirios, que sufren excesivas barreras para el reconocimiento de la protección internacional y para el reagrupamiento.
Por su parte, Mercedes Fernández, Directora del IUEM, admite que se han hecho avances en el ámbito de los derechos humanos en España. “En 2013 se promulgó el Plan Nacional de Inclusión Social dirigido a familias vulnerables y se creó el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Discriminación Racial y Étnica, y respecto a los migrantes, no se requiere pasar ningún tipo de test de integración para acceder a o renovar la residencia en España”.
Además, “recientes investigaciones apuntan que las pautas de integración de la segunda generación de inmigrantes en España son satisfactorias y que las trayectorias de estos jóvenes son muy parecidas a las de los españoles”.