EN EL CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto que modifica la reforma del PP que "excluyó" de la asistencia sanitaria a diversos colectivos, como los inmigrantes en situación irregular, y que devuelve la sanidad universal al ligar la atención al concepto de ciudadanía y no al de asegurado.
La norma aprobada define a los titulares del derecho a la atención sanitaria, como lo son las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España. También aquellas que, no teniendo su residencia habitual en España, tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en el país "por cualquier otro titulo jurídico", como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores desplazados y los transfronterizos.
Además, son titulares del derecho a la salud los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España en las mismas condiciones de atención que las personas con nacionalidad española. Para estos últimos se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal de 90 días, será necesario la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.