CONSECUENCIAS DE LA LEY ANTITABACO
Mientras el dueño del asador Guadalmina, ante el cierre de su local y la imposición de una multa de 145.000 euros, piensa abrir otro local donde se pueda fumar, otros han considerado que lo mejor es quitar los carteles de "aquí se puede fumar".
José Eugenio Arias-Camisón, dueño del Asador Guadalmina, no se retractó de las duras palabras que lanzó contra el Gobierno tras el cierre de su restaurante por incumplimiento de la Ley Antitabaco.
El primer hostelero que se declaró en rebeldía y permitió fumar en su establecimiento pese a los dictados de la ley, asegura que es víctima "de un golpe de estado de un Gobierno dictatorial".
"No hay ni una sola denuncia en mi contra todo esto se ha producido por la prevaricación de la consejera [de Sanidad de Andalucía], contra la que me voy a querellar", declaró Arias-Camisón, que vio como su asador era precintado por las fuerzas del orden el pasado jueves.
El hostelero marbellí ha asegurado que si tiene que padecer durante demasiado tiempo el cierre de su restaurante, abrirá otro: "Esta vez será privado. Mientras no me den una subvención, en mi negocio mando yo". Y, por supuesto, se podrá fumar en él.
Arias-Camisón mostó su punto de vista contra lo que considera una injusticia. "Es una cuestión de principios -dijo-. Yo no me dejo pisotear por nadie".
Del mismo modo, aseguró que no piensa retractarse ni obedecer a la ley. "Mi mujer quiere que tire la toalla, pero yo no puedo ceder ante esta barbaridad que me están haciendo. No me echaré para atrás ni para coger carrerilla", zanjó.
Otras reacciones
Mientras tanto, otros insumisos han optado por tomar otros caminos. En Sevilla, el dueño de un bar en el que se permitía fumar ha preferido quitar los carteles ante el riesgo de una multa y del cierre de su local y ha anunciado que emprenderá una huelga de hambre.
En León, por contra, otro hostelero que decidió reconvertir su restaurante en una sociedad gastronómica en noviembre para asi poder permitir "de forma legal" fumar a sus clientes, se enfrenta ahora a una multa de más de 10.000 euros. El dueño piensa ya en recurrir la propuesta de multa.
El grupo habría obtenido cerca de 97.000 euros, que reinvertía en viviendas y vehículos de alta gama fuera de España para blanquear los beneficios.
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