Mallorca
Un hombre de unos 50 años ha reconocido este martes, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Palma, que violó y maltrató a una yegua y una potra en Alcúdia en varias ocasiones en 2018, hechos por los que la Fiscalía reclama dos años de cárcel.
La defensa del hombre se ha mostrado conforme con la pena solicitada por la Fiscalía, que no implica un ingreso efectivo en prisión. La acusación particular -el abogado de la propietaria de los animales- pedía inicialmente un año de cárcel.
Sin embargo, la acusación popular, ejercida por la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA), ha insistido en reclamar tres meses más de cárcel, por lo que se ha tenido que celebrar el juicio y la juez resolverá en sentencia. Con todo, se ha renunciado a la mayor parte de la prueba debido a que el hombre ha aceptado los hechos narrados en los escritos de acusación.
De este modo, ha confesado que violó a una yegua y a una potra de siete meses, y que también les introdujo objetos punzantes por la vagina, provocándoles desgarros. Lo hizo cuando los animales se encontraban dentro de su establo sin prácticamente poder moverse. Una de estas agresiones tuvo lugar el 1 de enero de 2018, y otras ocurrieron en marzo.
Según informó la Guardia Civil en el momento de la detención del hombre, los propietarios de la finca sospechaban de que los dos animales estaban siendo maltratados, ya que presentaban heridas en la zona vaginal.
Por este motivo, decidieron instalar cámaras de vigilancia dentro del establo que permitieron grabar al acusado realizando prácticas sexuales con los animales e incluso penetrando a la yegua y la potra con otros objetos. La Guardia Civil inició una investigación para identificar al hombre, que no tenía relación alguna con los propietarios ni con la finca.
En el trámite de informes finales, la asociación animalista ha defendido que se debe aplicar un artículo del Código Penal que permitiría una condena superior, apreciando "la extrema crueldad y gratuidad" de la agresión a los animales.
La acusación popular también ha reclamado que se prohíba al acusado ejercer profesiones que tengan contacto con animales y que asuma el coste de los gastos de atención veterinaria y tratamientos a los animales maltratados.