BARCELONA | MULTA DE 1.440 EUROS
La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos mossos d'Esquadra a dos años de prisión y una multa de 1.440 euros por acusar y denunciar falsamente a una madre de maltrato a su bebé de dos meses cuando acudieron por un aviso de que pedía limosna ante un supermercado de Barcelona.
El tribunal, según la sentencia a la que ha tenido acceso, condena a los policías por un delito de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público y por denuncia falsa.
La sentencia considera que los agentes recogieron en su minuta policial sobre el suceso del 19 de abril de 2010, "con manifiesto deprecio a la verdad", que, ante la mirada de la patrulla, la mujer tiró al suelo el carrito donde estaba la menor y le propinó patadas, lo que hizo que los agentes temieran por la vida del bebé dada la violencia ejercida.
Como consecuencia, la mujer fue detenida por "participación en el ejercicio de la mendicidad con menores y pegar patadas a su hijo", y tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos y se le prohibió acercarse a su hija.
Por ello, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (Dgaia) se hizo cargo de la niña y acabó ingresándola en un centro de acogida de protección de menores.
Durante la instrucción del caso, el médico forense certificó que no constaba en los informes médicos y pruebas complementarias "ningún signo objetivo de lesiones físicas en la menor" y que no había constancia objetiva de lesiones físicas.
Asimismo, las declaraciones de testigos desmintieron la versión policial, según la Audiencia, con lo que finalmente el Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona, que llevaba el caso, lo archivó
Ocho meses separados
Los padres de la niña, como consecuencia de la denuncia falsa de los policías, estuvieron "privados de disfrutar plenamente de su hija entre el 19 de abril y el 22 de diciembre de 2010".
Ahora, el tribunal condena a los mossos a pagar a los padres una indemnización de 12.000 euros por perjuicios morales.
En un comunicado, la Fundación del Secretariado Gitano, que ha ejercido de acusación popular ya que la familia es gitana rumana, ha destacado que la sentencia "hace justicia, aunque los daños de separar durante ocho meses a esta mujer y su esposo del bebé, son irreparables".
"Que sea pobre, mujer, inmigrante y gitana no es sinónimo de delincuencia", ha lamentado la abogada de la fundación Sara Giménez, que ve lamentable que los agentes faltaran a la verdad, llegando a acusar falsamente a la mujer de un delito muy grave.