Omisión de socorro
La doctora niega el delito de omisión de socorro y asegura que cumplió con los protocolos establecidos.
Una médica se enfrenta a un año y medio de inhabilitación y una multa de 4.500 euros por no acudir a casa de un paciente que vivía justo enfrente del centro sanitario, para asistirle después de que sus hijos se lo requirieran en varias ocasiones.
Los hechos se remontan al año 2019 cuando la mujer estaba de guardia en el Punto de Atención Sanitaria (PAS) de la calle Juan Llorens de Valencia. Los hijos del hombre acudieron varias veces al PAS para solicitar que alguien acudiera a su casa ya que su padre, recién operado del corazón, estaba convulsionando. El hombre comenzó a encontrarse mal: sudaba, tenía convulsiones y movimientos incontrolados del brazo derecho.
Los hijos alertaron al 112; al ver que no acudía nadie a su casa, volvieron a llamar alertando de que se había quedado inconsciente y que había entrado en parada cardiorespiratoria.
Mientras, uno de los hijos decidió ir hasta el PAS, que se encuentra a 50 metros de su casa, para pedir que alguien fuera a asistirle de manera urgente. La doctora ha negado en su declaración haber cometido un delito de omisión de socorro por denegación de asistencia sanitaria: "Cumplí los protocolos, no puedo salir si no me activa el CICU".
Sin embargo, el fiscal señala que la facultativa, que a esa hora estaba durmiendo en una de las dependencias del centro, se negó a salir del centro para asistir al paciente a pesar de que era la encargada esa noche de la guardia de servicio exterior y que no tuvo ninguna atención esa noche.
El hombre murió a las horas de una insuficiencia cardiorrespiratoria. No obstante, la no asistencia no tuvo consecuencia en la muerte del paciente que fue provocada por un taponamiento cardiaco, una patología mortal de necesidad.
El ministerio público considera que se trata de "un comportamiento grave del médico de guardia porque, aunque no podía salvarle, sí pudo ayudar y mejorar la situación de alguien que se está muriendo a pocos de metros". "Repugna la conciencia, atenta a los principios básicos de solidaridad y lesiona la obligación de los médicos de cuidar al enfermo", ha señalado.
Por su parte, la defensa señala que la acusada "en absoluto" puede ser responsable de un delito de omisión del deber de socorro porque su defendida actuó con la firme convicción de que el Cicu ya había movilizado los recursos necesarios y señala que quien debería estar sentado en el banquillo es la Administración, que "no ha dado ni un euro ni ha pedido disculpas".
La doctora asegura que la celadora le avisó de que una persona estaba en el centro diciendo que un familiar se encontraba mal y que vivía cerca. Ella le preguntó si habían avisado al 112 y se quedó a la espera de que le avisaran a través del TETRA (la radio de emergencias en las que les trasmiten un mensaje con los datos básicos del paciente, estado y dirección a la que deben acudir).
Según la facultativa, las normas internas y el protocolo establecen "por escrito" que "solo puede salir del centro si es activada por el CICU para evitar duplicidades en la atención o dejar desatendida una urgencia y que solo puede atender las urgencias en la misma puerta del centro".
"¿Por qué iba a atender a un paciente que está a 50 metros y no a uno que estuviera a 500?", ha señalado. El juicio se celebra desde el pasado jueves con jurado popular en la Audiencia de València.