Desahucios
Diecisiete familias de Málaga podrían perder su vivienda pese a estar al corriente del alquiler: "Aquí no hay humanidad, somos números"
Vecinos del edificio número 15 de la Avenida de Europa denuncian que la finalización de sus contratos les deja sin alternativas habitacionales y reclaman una solución a las administraciones. Jessica Muñoz Jiménez, portavoz de los afectados, lamenta que la sociedad que compró hace dos años las viviendas quiera convertirlas en pisos turísticos.
Diecisiete familias del edificio situado en el número 15 de la Avenida de Europa, en Málaga, viven con la incertidumbre de poder perder sus viviendas pese a estar al corriente del pago del alquiler. Todo comenzó hace dos años tras la compra de los inmuebles por parte de una sociedad. Los contratos de varios de los vecinos han comenzado a finalizar este año y ya hay dos procedimientos judiciales abiertos para reclamar la salida de dos inquilinos.
"Aquí no hay humanidad, somos números", con esta frase, la portavoz de los residentes, Jessica Muñoz Jiménez, explica que llevan dos años buscando soluciones sin respuesta después de que a una de las familias se le informara que debía abandonar su vivienda. A partir de entonces, entendieron que lo que le estaba ocurriendo a uno de los residentes podía terminar afectando al resto.
Según relatan, han intentado ponerse en contacto con la propiedad por distintas vías, incluidos burofaxes, correos electrónicos y redes sociales, pero aseguran que no han obtenido respuesta. También acudieron al Ayuntamiento de Málaga para pedir ayuda y, según denuncian, continúan sin contar con una alternativa habitacional.
Los vecinos insisten que pagan puntualmente sus alquileres, que oscilan aproximadamente entre los 500 y los 700 euros por viviendas de dos y tres habitaciones, pero que la empresa que ha adquirido los inmuebles quiere convertirlos en pisos turísticos "para ganar mucho más".
Cinco generaciones viviendo en el bloque
Algunas familias llevan varias generaciones vinculadas al edificio. Es el caso de Salvador Ponce, que reside desde hace décadas en el número 15 de la Avenida de Europa. Su hija, de 20 meses, sería la quinta generación de su familia que vive en el bloque. El vínculo sentimental con el edificio tiene un peso importante para los residentes, pero también lamentan no tener posibilidades reales de encontrar una vivienda similar en el mercado actual debido a los altos precios.
La portavoz de los vecinos resalta que no existen alternativas asequibles. "¿Cómo lo hacemos cuando hay viviendas de unos 60 metros cuadrados por alrededor de 1.800 euros en Málaga?", plantea. A esta cantidad, añade, se suman las condiciones que pueden exigir algunos propietarios, como varios meses de alquiler por adelantado. "No podemos pagar 6.000 euros de golpe", lamenta.
Asimismo, Muñoz añade que en su casa entra actualmente un salario de alrededor de 1.400 euros y que encontrar un alquiler de características similares supondría prácticamente destinar todo el sueldo a la vivienda. Explica que han intentado ahorrar, renunciando a viajes y a otros gastos, pero que, aun así, resulta complicado reunir las cantidades que se exigen para acceder a un nuevo alquiler.
Dos años de incertidumbre
Jessica recuerda que el conflicto comenzó en 2024, cuando la empresa Geslau S. L. compró 22 de las 28 viviendas del bloque, construido en los años 50. Cinco de esos inmuebles son de renta antigua y seis familias son propietarias.
Además del riesgo de perder sus viviendas, los vecinos denuncian problemas de conservación en el edificio. Recalcan que el inmueble necesita diferentes actuaciones y que algunas mejoras han sido asumidas históricamente por los propios inquilinos. Sin embargo, critican que los nuevos propietarios no les dan el visto bueno para realizar determinadas reparaciones debido, según sostienen, a la imposibilidad de mantener una comunicación con ellos.
Entre las deficiencias que señalan se encuentran la existencia de tuberías de plomo, la ausencia de toma de tierra, humedades y el mal estado de algunas terrazas.
"El decreto de vivienda es irrisorio"
Por su parte, Salvador Ponce considera "irrisorio" el decreto de vivienda y cuestiona que pueda ofrecer una solución a largo plazo a las familias afectadas: "Es pan para hoy y hambre para mañana. No es una solución a largo plazo, no es una solución definitiva, que es lo que necesitamos. Si no nos echan hoy, nos echarán dentro de cuatro años", señala.