EN MADRID
La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos propietarios de la residencia de mayores de Soto del Real por la muerte de una anciana de 101 años por desnutrición y deshidratación, tras una denuncia de la Fiscalía al apreciar peligro para sus residentes
Los detenidos este jueves son el propietario de la residencia Arzobispo Morcillo junto a su hermano. Ambos, son presuntamente responsables de la muerte de una de las residentes, una mujer de 101 años que falleció en el hospital madrileño de La Paz por deshidratación y desnutrición. Además de un delito de homicidio imprudente, están acusados de un delito de lesiones y otro contra la salud pública.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Colmenar Viejo instruye la causa. Fue un sobrino de la residente centenaria el que denunció que la muerte de su familiar podía estar relacionada con el trato que la mujer recibía en el centro. Les acusó de no suministrar la medicación adecuada a su tía que había sido prescrita en el hospital La Paz donde había sido ingresada y dada de alta en varias ocasiones anteriores.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han señalado, que la anciana fallecida fue una de las tres personas de la residencia que fueron trasladados principios de julio al Hospital de la Paz, aunque su estado en ese momento era leve. Las mismas fuentes han recalcado que colaborarán con la Justicia "en lo necesario".
La Comunidad de Madrid decidió cerrar durante un año esta residencia, de gestión privada, tras comprobar que el centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos a los usuarios, ni su adecuada alimentación. La decisión la tomó a petición de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lo solicitó tras una visita rutinaria realizada por la fiscal de Alcobendas especialista en discapacidades en la que constató el estado "deplorable" a los ancianos y las instalaciones.
Además de urgir al cierre de la residencia, que se hizo efectivo la Fiscalía solicitó a la Guardia Civil un atestado. Fruto de esa investigación, los agentes han detenido a uno de los responsables del centro. Uno de los responsables del centro explicó a la fiscal que no tenía acceso a los historiales médicos de los sesenta pacientes que se encontraban en una sala, con solo dos auxiliares para atenderlos y presentando alguno de ellos "mal estado físico". La Fiscalía precisó en su momento que en la sala donde se guardaban los medicamentos no funcionaba la nevera donde deben conservarse aquellos que deben estar a baja temperatura, de modo que se había roto la cadena de frío en casos como la insulina. También detectaron "bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos".
Había riesgo de incendio al no funcionar las mangueras y el cuarto de calderas tenía una fuga de agua. Además de decretar el cierre, la Comunidad de Madrid impuso a los propietarios una sanción de 127.000 euros a la residencia por falta de mantenimiento y limpieza, y por tener menús que no habían sido supervisados por personal cualificado.