EN SALAMANCA
La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a una empresaria de 28 años y de nacionalidad rumana cuya identidad responde a las iniciales F.M. a la que se le imputan delitos por explotación de trabajadores y falsedad en documentos, ya que traía a compatriotas con falsas promesas y sin cumplir la normativa.
Según ha informado la Comandancia Provincial, el 27 de agosto de 2014 la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Salamanca, realizó conjuntamente con la Inspección Provincial de Trabajo de Salamanca, una Inspección en la empresa Agrocitrus del sur S.L, creada en Sevilla el pasado mes de junio, que actualmente ejercía labores de recogida de la patata en las tierras próximas a la localidad de Moríñigo (Salamanca).
En esta inspección se identificó a la propietaria de la empresa y a los trabajadores, así mismo se observó "una serie de diversas irregularidades", las cuales motivaron la apertura de una investigación "más exhaustiva" por parte de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, han explicado fuentes de la Benemérita.
Por parte de la Guardia Civil se ha tomado declaración a 21 trabajadores de la empresa, todos ellos de nacionalidad rumana, los cuales han reconocido que habían sido traídos desde Rumanía a España para trabajar en la empresa en la recogida de la patata.
Además, tenían firmados pre-contratos de trabajo en los que les garantizaban un sueldo de 1.185 euros brutos mensuales, y en los que la empresa se comprometía a respetar las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo de los trabajadores del campo, así como a indemnizar a los trabajadores con un mes de sueldo en el caso de que no tuviera trabajo.
"Lejos de respetar las condiciones del pre-contrato de trabajo", la empresaria Rumana pagaba 450 euros por cada camión de patatas que cargaban las cuadrillas de trabajadores; cuadrillas que "como mínimo" eran de doce miembros, lo que suponía pagar a cada trabajador 37'5 euros por camión de patatas, como el único salario a percibir, ha explicado la Guardia Civil.
En el transcurso de la investigación se descubrió que la empresa tenía dados de alta en la Seguridad Social a 52 trabajadores, todos ellos procedentes de Rumania y que no había abonado las cuotas de la Seguridad Social de ninguno de ellos.
Asimismo, se descubrió que había solicitado en la Subdelegación de Gobierno de Salamanca 'Tarjetas de Residente Temporal Comunitario' para 24 personas haciéndolas pasar por trabajadores de la empresa AGROCITRUS DEL SUR S.L, de los cuales, once se correspondían con ciudadanos rumanos que no trabajaban para esta empresa, con lo que trataba de obtener dichas Tarjetas de Residente Comunitario de forma "fraudulenta", ha concluido.