Desalojo
A finales del mes de mayo ya trataron de desalojar a varios vecinos y esta es la segunda ocasión en la que las autoridades policiales lo intentan.
El municipio madrileño de Móstoles ha amanecido con la trágica situación de varios vecinos concentrados en frente de sus casas. La Policía Nacional ha acudido a primera hora de la mañana a un edificio de Móstoles para desalojar a 18 familias, alrededor de 48 personas que podrían quedarse sin casa, entre las que se encuentran menores de edad.
La abogada de las familias que no han podido acceder al recinto, han llegado al bloque de viviendas esta mañana para tratar de ayudar a los afectados.
Tras lahuelga indefinida de los funcionarios de justicia, el pasado mayo las autoridades policiales no pudieron llevar a cabo el desalojo que estaba ordenado por el juzgado.
Los manifestantes, que se han concentrado en las inmediaciones de las casas, han mostrado numerosos carteles con el rostro de las personas que ellos consideran que son los culpables del desalojo masivo. Entre las 48 personas afectadas, se encuentran 8 menores de edad y varias personas con discapacidad reconocida.
El edificio que tratan de desalojar fue ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2013 tras entrar en concurso de acreedores. Más tarde, lo compró en subasta pública una empresa estadounidense.
"No podemos permitir que nos quiten la Dignidad
La PAH, Stop Desahucios Móstoles y la Coordinadora Vivienda de Madrid, han denunciado que todos los ocupantes del bloque son casos de vulnerabilidad acreditada y no tienen alternativa habitacional. Los vecinos afectados han intentado alcanzar un acuerdo por un alquiler social, pero el grupo empresarial no ha accedido al trato.
"Para evitarlo necesitamos ser muchas. Llamamos a todas las personas que puedan a venir a impedirlo. No podemos permitir que nos quiten la Dignidad", han recalcado desde la plataforma 'Stop Desahucios Móstoles'. Han publicado un vídeo en sus redes sociales en el que solicitan que se le acompañe desde el domingo "en esta pelea contra los fondos buitres", contra el "abandono institucional", contra la "mercantilización de los derechos humanos" y "por el derecho de todas las personas a una vivienda digna y adecuada".
Después de sufrir el primer intento de desalojo los afectados denunciaron que, desde las instituciones, no les aportaron ninguna solución. El Ayuntamiento de Móstoles aprobó en 2016 una moción en la cual se comprometieron a no desalojar el edificio sin aportar ninguna solución habitacional a los afectados.