Denuncian traslados de pacientes a 36 grados en UVIs móviles de Córdoba

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado las condiciones en las que, asegura, se están realizando algunos traslados de pacientes en varias UVIs móviles de la provincia, donde el termómetro del habitáculo asistencial habría alcanzado temperaturas de entre 35 y 36 grados. Ante esta situación, la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía ha anunciado que verificará si la empresa adjudicataria del transporte sanitario está cumpliendo las condiciones establecidas en el contrato.

Según el sindicato, el problema afecta especialmente a la UVI móvil de Montoro, aunque también se han comunicado incidencias en las unidades de La Carlota y del Sector Sur de Córdoba. El Sindicato sostiene que no se trata de casos aislados, sino de una "deficiencia sistemática" relacionada con el mantenimiento de las ambulancias y el funcionamiento de sus sistemas de climatización.

La organización explica que, durante las últimas semanas, profesionales sanitarios han informado de que algunos traslados se han realizado con temperaturas de hasta 36 grados en el interior del habitáculo asistencial. A su juicio, estas condiciones comprometen tanto la seguridad y el bienestar de los pacientes como el trabajo de los equipos sanitarios.

El Sindicato Médico recuerda que una UVI móvil no es únicamente un vehículo de transporte, sino un espacio asistencial en el que se realizan exploraciones, monitorización continua, administración de medicación y procedimientos diagnósticos y terapéuticos a pacientes cuyo estado de salud puede ser especialmente delicado.

Además, el SMA asegura que los problemas vienen de meses atrás. En enero, los profesionales del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Montoro trasladaron por escrito a la Administración diversas incidencias relacionadas con el mantenimiento de la ambulancia, entre ellas averías mecánicas, reventones de neumáticos, fallos de motor e interrupciones de traslados urgentes. Posteriormente, según el sindicato, volvieron a denunciar que las deficiencias persistían pese a haber solicitado actuaciones urgentes.

Pacientes y familiares han trasladado su malestar

La organización afirma igualmente haber presentado varias comunicaciones de riesgo a través del procedimiento de prevención de riesgos laborales del Servicio Andaluz de Salud, reclamando la revisión técnica de los sistemas de climatización, la evaluación de las condiciones térmicas durante los traslados y la adopción de medidas correctoras en las ambulancias afectadas.

El sindicato también señala que pacientes y familiares han trasladado su malestar a los propios profesionales sanitarios, quienes, subraya, no son responsables del estado de los vehículos y se ven obligados a prestar asistencia en esas condiciones. Asimismo, reclama que la Administración aclare si estas quejas han sido registradas oficialmente y actúe con la máxima celeridad para garantizar la seguridad de pacientes y trabajadores.

En su denuncia, el SMA recuerda además que el Real Decreto sobre las condiciones ambientales en los lugares de trabajo establece temperaturas de entre 17 y 27 grados para trabajos sedentarios y de entre 14 y 25 grados para actividades de mayor exigencia física, por lo que considera que las condiciones descritas incumplen la normativa vigente.

Tras hacerse pública la denuncia, la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía ha informado de que comparte la consideración de que una UVI móvil constituye un entorno asistencial en el que las condiciones ambientales son fundamentales para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. Por este motivo, ha trasladado el caso al responsable del seguimiento del contrato de transporte sanitario urgente en la provincia para comprobar si las incidencias denunciadas suponen un incumplimiento de las obligaciones de la empresa adjudicataria.

La Junta señala que será dicho responsable quien deba analizar los hechos, verificar el cumplimiento del contrato y, en caso de confirmarse las deficiencias, adoptar las medidas correctoras o sancionadoras que correspondan conforme a la normativa de contratación pública.

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