Baleares
La Fiscalía de Baleares ha decidido este miércoles incoar diligencias de investigación penal para investigar los presuntos casos de tráfico de drogas y prostitución de menores dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
La Fiscalía también ha librado oficio al Jefe Superior de Policía para que investigue los hechos e identifique a los presuntos responsables.
Así lo ha anunciado la Fiscalía en un breve comunicado en el que aclara que durante los últimos años se han denunciado diferentes "casos concretos" de conductas por hechos similares. "Como no puede ser de otra manera, siempre se han investigado", ha asegurado la institución.
La jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Baleares, Julia Vázquez, ha negado este miércoles la existencia de una red de prostitución en Baleares y ha explicado que, por el contrario, lo que se han detectado son "distintos casos" individuales.
En declaraciones a los medios de comunicación, junto a representantes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Consell de Mallorca, Policía Nacional y Guardia Civil, Vázquez ha destacado que "no existe una red", aunque ha detallado que puede haber casos en que un mismo menor sea explotado por distintas personas sin relación.
Por su parte, el presidente del IMAS, Javier de Juan, ha explicado que este miércoles se ha producido una de sus reuniones periódicas con Policía y Guardia Civil para tratar estos asuntos, aunque en esta ocasión, se ha adelantado la fecha, tras las últimas informaciones publicadas.
De Juan ha explicado que una de las decisiones que se ha tomado es crear una comisión que incluya a otras instituciones, como los ayuntamientos, que "son una parte fundamental en estos casos".
Sobre los protocolos de actuación, De Juan ha dicho que han funcionado a nivel general y ha explicado que el hecho de poner medios sobre un asunto hace que se detecten casos y que estos afloren. "Ahora se visibilizan", ha dicho.
Según se ha planteado en el encuentro entre instituciones, desde 2014, se han producido 10 operaciones contra la explotación sexual infantil a nivel general por parte de la Guardia Civil, y la Policía Nacional, por su parte, ha intervenido en una docena de casos en los últimos años.