Eutanasia
Casi un tercio de las personas que piden la eutanasia en España mueren mientras se tramita su solicitud.
La Ley Orgánica de Regulación de la de Eutanasia (LORE) lleva en vigor desde el 25 de junio de 2021. Tres años después, sigue habiendo lagunas en ella. Los casos se resuelven en una media de 75 días, cuando no deberían demorarse más de 35. Además, las solicitudes denegadas ascienden al 20% del total.
En 2022, un total de 152 personas fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia, según el informe del Ministerio, que cifran 576 las solicitudes totales de ayuda para morir. Sin embargo, no se refleja ninguna información sobre 48 de esos casos porque no existe un informe del médico responsable.
Según Fernando Marín, médico y vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD): "En la práctica, los datos disponibles no permiten analizar la situación más que de manera superficial. Además se ignora cuántas personas solicitaron la eutanasia en su testamento vital, porque en 215 casos no aparece este dato en el informe del Ministerio de Sanidad".
Según los datos del Ministerio, un total de 288 personas fallecieron por eutanasia en España. La propia Ley de Eutanasia establece que la comisión de garantía y evaluación de cada comunidad autónoma debe "elaborar y hacer público un informe anual de avaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto" afirma Fernando Marín.
Las tasas de fallecimientos por eutanasia muestran diferencias notables entre comunidades autónomas. Un hecho que revela la desigualdad que hay en el acceso a esta prestación entre distintos territorios. La asociación DMD muestra su preocupación por el "maltrato institucional que reciben algunos solicitantes de la prestación de ayuda para morir lo que supone un sufrimiento añadido para estas personas y sus familias". Los datos más recientes del Ministerio de Sanidad corresponden a un lejano 2022 y solo permiten analizar la situación de manera superficial. Además, ocho comunidades autónomas no han publicado ningún informe de evaluación en sus territorios (Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia , Navarra y Galicia).
Como el caso de Ángel Martínez,su mujer Fernanda falleció este año antes de que pudiera recibir la eutanasia. Su mujer padecía alzhéimer en paciente joven, una enfermedad muy rápida. Fernanda perdió en menos de cinco años toda su capacidad. Ella era enfermera y conocía esta enfermedad y el desarrollo que llevaba y no quería llegar a una situación de dependencia absoluta. A pesar de tener unos trámites que se ajustaban a los tiempos de la ley, en su caso tuvo un dictamen negativo de la Comisión y recurrieron para conseguir lo que consideraban justo y legal. Según Ángel: "el haber supuesto que no se hubiera podido aplicar la eutanasia, hubiera llevado implícito el internamiento en un centro especializado para el resto de su vida y eso por supuesto que no era lo que ella quería, ni lo que queríamos las personas que la queríamos".
Gina es la hija de Carlos Montaner,quien sufría de un párkinson atípico cuyo diagnóstico era parálisis supranuclear progresiva y acabó recibiendo la eutanasia. En un principio se rechazó su solicitud y al apelarla finalmente aprobaron su caso pero el proceso se dilató más de lo que se esperaban. Presentó la solicitud el 10 de marzo y acabó recibiendo la eutanasia el 29 de julio. Gina aconseja a todos los familiares que estén atravesando por esta situación que hablen claramente con la persona que padece la enfermedad y que lo apoyen y recalca la importancia de buscar la ayuda de una asociación porque no es un camino fácil.
Por todos estos casos hay un gran margen de mejora de la LORE como:
DMD ha trasladado al Ministerio de Sanidad 18 propuestas para que se incluyan en el Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia con el propósito de mejorar la aplicación de la ley y garantizar el derecho a la eutanasia en todo el territorio español. Entre ellas, que el Ministerio proponga un modelo de informe para todas las comunidades autónomas y una fecha de publicación que impulse una comisión estatal de la eutanasia y recomiendo que los miembros de las comisiones de garantía y evaluación no sean objetores de conciencia. Por ello, los diferentes retos en el desarrollo de la LORE son:
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