LA PROTECTORA LLEVABA 25 AÑOS DE ACTIVIDAD
La Guardia Civil ha detenido en Marbella (Málaga) a cuatro responsables de la protectora Triple A que sacrificaban animales sin criterio clínico, vendían en otros países mascotas perdidas sin dar oportunidad a sus dueños para reclamarlas y desviaban el dinero recaudado de donaciones para fines particulares.
Esta protectora llevaba en actividad 25 años y, con una política de sacrificio cero, se dedicaba a la recogida de animales abandonados y perdidos en las zonas de Marbella y San Pedro de Alcántara. En una nota, el instituto armado informa de que a los arrestados, el presidente, el tesorero, el secretario y el jefe del equipo veterinario, y a otras trece personas se les imputan delitos de maltrato animal, intrusismo profesional, estafa, apropiación indebida, receptación, administración desleal, contra el derecho de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.
Las investigaciones, que comenzaron el pasado noviembre tras la denuncia de varios particulares, han determinado que la protectora sacrificaba animales sin ningún tipo de criterio clínico, sin anestesia previa y en algunos casos aplicando el producto Eutanax en dosis inadecuadas, lo que provocaba sufrimiento a la mascota.
Además, sacrificaban animales sanos, incluso cachorros de perros y gatos que serían fácilmente adoptables, con el fin de ahorrar costes. Estos sacrificios de animales los realizaba personal no facultativo de prácticas veterinarias, que también administraban vacunas, realizaban cirugías de castración y otros tratamientos veterinarios.
A los detenidos también se les acusa de expedir recetas veterinarias usando un sello oficial y falsificando la firma del veterinario, así como certificados falsos de vacunas de la rabia en los pasaportes de los animales para que pudieran viajar al extranjero.
Según la Guardia Civil, comerciaban con animales de raza y tamaño pequeño, muy demandados para la adopción en países del norte de Europa, especialmente en Alemania y Finlandia, de manera que no los sacrificaban y en cambio los enviaban a esos países a cambio de ingresos que rondaban entre los 300 y 350 euros por animal.
Ese dinero no retornaba a España para el mantenimiento de la protectora, y los agentes están investigando en qué se gastaba en realidad. El envío de animales fuera de España se realizaba sin respetar los plazos establecidos y sin dar así la oportunidad a los propietarios de recuperar a los animales que llegaban a la protectora. De hecho, los acusados llegaban a mentir a los propietarios diciéndoles que sus mascotas no estaban en las instalaciones, tras lo que les extraían los microchips para implantarles otros y poder darlos en adopción.
La asociación, además, desviaba los fondos a fines distintos a los estipulados en sus estatutos, como cenas, comidas o compra de ropa, que se incluían como gastos en la contabilidad. Algunos miembros de la junta directiva, explica la Guardia Civil, percibían asimismo sueldos a pesar de eran cargos voluntarios y no deberían cobrar por ello.
Las investigaciones también desvelaron la existencia de varios trabajadores sin contrato y que no cotizaban a la Seguridad Social, que soportaban estas condiciones bajo la promesa de que iban a ser contratados y con la consigna de que en caso de inspección deberían decir que eran voluntarios.