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La Comisión de Igualdad del Congreso ha pedido este martes al Gobierno que cambie la ley para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus progenitores. Se las equipararía así al régimen aplicable a las mayores de edad, establecido en el Código Civil y, dejaría también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus padres.
Esta iniciativa de Unidos Podemos, que ha contado con el apoyo del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, pide derogar la Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores en la interrupción voluntaria del embarazo; así como modificar la Ley de salud sexual y reproductiva y la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
La portavoz de Igualdad de la formación morada, la diputada de En Marea Angela Rodríguez, ha denunciado durante la defensa de esta iniciativa que "detrás de negarle a las mujeres el derecho a decidir está una ideología, como es el machismo, que considera que las mujeres no tiene derecho a decidir por sí mismas". A su juicio, este derecho a decidir es "lo mínimo que se puede exigir" cuando "se entiende el feminismo como una lucha por los derechos fundamentales". Por ello, también reclaman que esta práctica sea "gratuita".
Para Unidos Podemos son preocupantes los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que determinan que "más del 80 por ciento de los abortos que se practican se realizan en la sanidad privada" debido a que el Sistema Nacional de Salud "no tiene capacidad para atenderlos".
Además, la diputada ha asegurado que una gran parte de estos casos son pacientes "no acompañadas ni informadas". Por eso, la iniciativa registrada, pide al Ejecutivo que se garantice el acompañamiento y la información de todas las mujeres durante los procesos de interrupción voluntaria del embarazo.
Entre los puntos que recoge el texto votado, también destaca la eliminación de los tres días de reflexión antes de la práctica del aborto, formar al personal sanitario implicado en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), o facilitar que las mujeres sean escuchadas en los Comités Clínicos en todos los casos, también en aquellos en los que hay malformaciones fetales.