Conferencia Episcopal
Los datos filtrados de varias víctimas hace dos meses podría juzgarse como un delito de revelación de secretos y encubrimiento.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) recibió una denuncia emitida por nueve víctimas de agresiones sexuales por parte de la Iglesia por difundir sus datos personales y detalles de los actos de pederastia cometidos hace décadas. Fue hace dos meses cuando se publicó en los medios una posible filtración de datos que permaneció en internet durante más de 10 días.
Estos datos, se correspondían a informaciones sobre varias víctimas y el relato de sus casos en un informe del bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, despacho de abogados encargado de la auditoria en al CEE. Tras darse cuenta del error, los responsables borraron de su web, donde estaba publicado, la infracción aunque no fue borrado totalmente de internet. Los afectados acusan a la CEE de un delito de revelación de secretos y encubrimiento.
"La gravedad del asunto por la falta de la diligencia que se ha tenido por parte de los responsables de la Conferencia Episcopal, y de todos los involucrados en esta causa, creemos que la vía penal es la más oportuna, concretamente los tipos de revelación de secreto y de deslealtad profesional que puede haberse dado", explica el abogado de los 9 denunciantes, Luis Felipe Gómez Ferrero, aunque espera que se unan muchos más a la causa.
La situación, para las víctimas, supone un varapalo en su integridad moral porque "llevan sufriendo toda una vida todo esto" y, al volver a salir a la luz, vuelven a victimizarse y son expuestos "ante los ojos de todo el mundo", recalca Gómez Ferrero. Este, además, cuenta que los datos que se han difundido son desde nombres y apellidos, hasta persona que cometió estos actos deplorables, congregación a la que pertenecía el autor, datos sobre los abusos cometidos, cuál fue la agresión, prácticas concretas, etc.
Sobre el alcance de la difusión, agrega, "no sabemos cuál ha sido, puede haber sido mucha. El daño es, evidentemente, muy grave. Puede haber algo o alguien que no haya sido precisamente negligente, que no sea fruto de un error, o que sea la intención de alguien".
Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Española y el bufete de abogados se acusan mutuamente, una guerra donde se están lanzando cuchillos y nadie asume ninguna responsabilidad. Luis Felipe Gómez Ferrero abre la ventana de la protección de datos donde, según la normativa "es imperativo que cuando se produce una brecha de seguridad de estas características se comunique de inmediato a la Agencia Española de Protección de Datos", algo que nunca pasó. En este caso, "nadie comunica absolutamente nada, ellos creo que piensan que nadie se percata de lo ocurrido pero lo cierto es que, después de este aviso y de que la CEE dice que ha procedido a borrar el link de acceso, parece ser que no lo hace de una manera efectiva y sigue figurando de una manera efectivay sigue figurando dentro de la página de la CEE".
Detalladamente, el abogado de las víctimas explica por fases el desenlace de todo lo que se desenvuelve al filtrarse los datos: "uno, ni que la CEE ni el bufete Cremades dan traslado a la Agencia de Protección de Datos de lo ocurrido; número dos, que tampoco toman unas medidas efectivas para evitar todos estos riesgos; y, número 3, que tiene que ser que la agencia española la que, de manera efectiva, se tomen medidas para que este informe desaparezca".
No obstante, y sin otorgar una culpabilidad explícita a alguien, también puntualiza la gravedad de los hechos con una práctica que debería hacer sido una medida para evitar "futuros hechos", pero "lo que ha hecho es generar un nuevo problema a mayores de los ya ocurridos".
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