Comunidad de Madrid
La condena se debe a la agresión múltiple que protagonizó en El Molar en septiembre de 2021.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la exdoctora Noelia de Mingo a 33 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario debido a la agresión múltiple que protagonizó en El Molar en septiembre del año 2021. En aquella ocasión, dos empleadas de un supermercado resultaron heridas. Europa Press ha tenido acceso a una sentencia en la que los magistrados absuelven a De Mingo de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de atentado de los que fue acusada porque la Sala apreció que concurre una eximente completa del artículo 20.1 del Código Penal.
La exdoctora fue condenada en 2003 por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz. Sufre una esquizofrenia paranoide, lo que le exime de responsabilidad penal por trastorno mental. Es debido a esto que los magistrados acuerdan imponerle una condena de 15 años de internamiento en una cárcel psiquiátrica por cada delito de tentativa de asesinato y otros tres por atentado.
La condena se impone tras el acuerdo de conformidad al que se ha llegado en el juicio entre la Fiscalía de Madrid, la defensa y el abogado de las víctimas. Además, se le impone una orden de alejamiento con sus víctimas, una medida de libertad vigilada de cinco años por cada delito, además de la prohibición de entrar en El Molar durante ese tiempo. También tiene que indemnizar con 110.000 euros a una de sus víctimas y con 50.000 euros a otra.
Los hechos que tratan este procedimiento se llevaron a cabo el 20 de septiembre de 2021. Aquel día, la acusada llegó a un supermercado de El Molar con un cuchillo, apuñaló a la dueña y a una cajera. Después de la agresión trató de atacar a unos agentes de la Policía Local, pero fue detenida.
La Fiscalía solicitaba en su escrito nueve años y nueve meses de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado, a la vez que reclamaba que se le aplique la eximente incompleta de anomalía psíquica. El fiscal entiende que "en el momento de los hechos tenía una floración de su enfermedad mental en la que la percepción y el entendimiento de la realidad estaban gravemente alterados y, por tanto, le limitaban sus capacidades intelectivas y volitivas, si bien no las abolía".
En aquel momento, se le impuso una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 25 años, una medida que se sustituyó el 6 de octubre de 2017 por tratamiento ambulatorio en su domicilio.