TENDRÁ QUE CUMPLIR TRES AÑOS DE CÁRCEL
En el fallo se considera probado que la ahora condenada, Sonia C.P., pidió en julio de 2009 un primer presupuesto para "eliminar" al padre de su hijo, pero como recibió por respuesta que no ofrecía sus servicios en España, recurrió a una segunda cuenta de correo electrónico.
En este caso, un supuesto sicario con domicilio en Lima fijó el presupuesto en 3.000 euros, con un primer pago de 700 euros, para "eliminar" a su expareja, del cual la condenada ofrecía en su correo electrónico una descripción física, así como datos personales sobre dónde residía y trabajaba y una fotografía escaneada.
La mujer condenada fue detenida sólo unos días después a la salida de su trabajo mientras portaba 787 euros, que la sentencia considera que corresponden al anticipo más los gastos de transferencia y lo juzga "significativo" para estimar "acreditada la seriedad de la propuesta" para acabar con la vida de su expareja.
El fallo judicial, contra el cual cabe recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo, argumenta que en este caso "concurren todos y cada uno de los requisitos" para considerar que se trata de un delito de proposición de homicidio.
Además, el juez defiende que debe tenerse en cuenta "como dato revelador de la verdadera intención" de la mujer, que tuvo una discusión previa con su excompañero porque éste le había cortado el pelo al hijo de ambos que era menor de edad. Según relata, la condenada llegó a "amenazar" al hombre diciéndole que "se iba a arrepentir" y que "iba a llevar la peor parte", un extremo que ella misma reconoció.
Fue la pareja sentimental de la condenada en el momento de los hechos la que, cuando vio en su ordenador los correos electrónicos, acudió a la Guardia Civil porque confesó que "se asustó". Aunque en el juicio éste trató de minimizar el alcance de los hechos al decir que no creía que realmente quisiera hacerlo, sino sólo "amedrentar" al padre del niño, la sentencia sostiene que "lo cierto es que el contenido de los mensajes no dejan lugar a duda sobre la verdadera intención" de la condenada y "la seriedad de la proposición".
Los sucesivos argumentos de la acusada en relación a que se trataba de una broma, que sólo quería intimidar a su expareja o que se dio cuenta de que era una estafa y que no pensaba continuar, no convencieron a la sala de la Audiencia Provincial, que cree que "no resultan verosímiles". La fiscalía del caso había pedido seis años de prisión para esta mujer.