CON INDEMNIZACIÓN DE 10.000 EUROS
El tribunal de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona ha condenado al guardia urbano de Barcelona Daniel B.O. a un año de prisión y a pagar una indemnización de 10.000 euros a K.U., un inmigrante residente en Barcelona al que le rompió la mandíbula de un puñetazo.
La sentencia, que ha hecho pública este viernes la organización SOS Racismo, que ejerció la acusación, incluye el voto particular de uno de los magistrados, que es partidario de absolver al agente.
Según la sentencia, los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2011, cuando dos agentes de la Guardia Urbana detuvieron el coche patrulla delante de K.U., que esperaba un amigo suyo en las Ramblas. Los agentes pidieron la documentación al inmigrante y, como sólo pudo aportar un certificado de empadronamiento, lo trasladaron a comisaría "sin esposarle ni utilizar fuerza alguna" y uno de los policías le llevó al interior de las dependencias policiales, a una zona sin cámaras, donde le propinó un puñetazo y, según la víctima, le golpeó varias veces, fracturándole la mandíbula.
Aunque las cámaras de la comisaría muestran la entrada y salida de la víctima, los agentes no registraron la detención ni dejaron constancia del traslado a la comisaría, donde la víctima sólo estuvo 43 segundos.
Dos de los tres jueces estiman que, aunque la única prueba es la declaración testifical de la víctima, "tras un detenido y profundo análisis debemos otorgar eficacia probatoria a esa declaración", entre otras cosas, "por la verosimilitud del testimonio" y por "la persistencia en la incriminación", además de no apreciar "motivos por los que la víctima hubiera decidido imputar falsamente al acusado de las lesiones que padecía".
Los agentes no registraron la detención ni dejaron constancia del traslado a la comisaría, donde la víctima estuvo 43 segundos
Tras ser agredido, la víctima acudió acompañado de un amigo suyo, que fue testigo en el juicio, al centro médico "Perecamps", que lo derivó al Hospital de Vall d'Hebron, donde le intervinieron quirúrgicamente y estuvo dos días hospitalizado, además de necesitar 140 días para su recuperación.
Fue el propio servicio de urgencias del Perecamps el que dio lugar a la incoación de las diligencias que abrió el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona.
La sentencia ha condenado al agente de la Urbana por un delito de lesiones, pero le ha absuelto de otro contra la integridad moral con la agravante de motivo racista o xenófobo.
El juez del tribunal Salvador Roig ha emitido un voto discrepante a la sentencia porque no comparte las conclusiones de sus compañeros de sala en base a la única prueba testifical del denunciante, ya que considera que no se puede descartar que "el denunciante ya tuviera con anterioridad algún tipo de fractura de su mandíbula".
El juez discrepante también opina que en los 43 segundos que distan entre la entrada y la salida de la víctima de la comisaría "resulta muy forzado creer que diese tiempo a la comisión de esos actos".
SOS Racismo lamenta que la sentencia no inhabilite al funcionario público
SOS Racismo, que ejerció la acusación, ha expresado su satisfacción por la sentencia, porque "era un caso que estaba destinado a ser archivado, por las numerosas trabas policiales y judiciales que hemos encontrado durante toda la instrucción", y ha criticado que en los 5 años de instrucción del caso la víctima ha sido "continuamente cuestionado, discriminado y victimizado por el sistema judicial de manera reiterada".
"Este es un paso más en la lucha para acabar con la impunidad policial", ha opinado SOS Racismo, aunque reprocha que la sentencia "está hecha a medida para no encarcelar al agente de policía al absolverle de la acusación de delito contra la integridad moral y las diferentes agravantes".
La acusación también ve "incomprensible que no se aplique la agravante de abuso de autoridad, teniendo en cuenta que es una agresión que hace un agente de la policía en servicio haciéndose valer de esta situación".
SOS Racismo lamenta que la sentencia no inhabilite al funcionario público, responsable de la seguridad ciudadana, a pesar de haber sido condenado por agresión, y ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona "que reaccione tomando las medidas necesarias".