PROVOCÓ LA MUERTE DE 11 ANCIANOS
Carles Monguilod, abogado del celador del geriátrico La Caritat de Olot Joan Vila, acusado de la muerte de once ancianos, ha asegurado que Vila se arrepiente de los crímenes, que confiesa haberlos cometido porque "quería a los ancianos" y que no merece pena de cárcel porque tiene una alteración psíquica. El juicio contra Joan Vila, para quien el fiscal pide 194 años de prisión, se ha iniciado en la Audiencia de Girona, acusado de asesinar a once ancianos entre agosto de 2009 y octubre de 2010 suministrándoles fármacos o productos de limpieza corrosivos.
Monguilod ha dicho que cuando Vila asesinó a los ancianos "creía que no estaba haciendo nada malo", que con el paso del tiempo está arrepentido, que ha recibido tratamiento en la cárcel y que puede que padezca "una alteración psíquica por la que quizás no merece pena de cárcel". Poco antes de que se iniciara la selección de los once miembros del jurado, Monguilod ha explicado que el acusado le ha asegurado que no pasa un día sin que se acuerde de las víctimas y que le ha confesado que él las quería, que sabía que estaban en fase terminal y que no quería que sufrieran.
Monguilod ha asegurado que, en realidad, "la percepción que Vila tenía de lo que hacía sería de una manera genérica o analógica una percepción de muertes eutanásicas, erróneamente", y ha destacado que el objetivo del juicio "no es tanto qué pasó, sino por qué pasó". En este sentido, ha considerado que lo más importante del juicio será "su declaración (de Vila), porque es una prueba, y el jurado deberá escucharlo", y las pruebas periciales psiquiatras y psicológicas, que deberán explicar su comportamiento.
En su opinión, aunque el celador diferenciaba entre el bien y el mal, podía sufrir una alteración psíquica que no le haga imputable porque él creía que no hacía nada malo. "Tenemos muchas armas jurídicas en el Código Penal para poder dar tratamiento a una persona que, a pesar de haber cometido asesinatos, quizás no merece pena de cárcel", ha asegurado.
Por su parte, los dos letrados que representan a las ocho familias de las víctimas presentadas en la causa han asegurado que poner en duda la salud mental del acusado es "la única salida" que le queda a la defensa para intentar evitar una condena de más de 150 años. El fiscal pide 194 años de cárcel y las dos acusaciones particulares de familiares 202 años y 6 meses, mientras que la defensa solicita un máximo de 20 años de libertad vigilada.
El representante legal de La Caritat ha mostrado la disposición del geriátrico a colaborar en todo el proceso judicial, ha reiterado el apoyo a las familias de las víctimas y ha asegurado que el centro no comparte ninguna justificación de la conducta del acusado. Esta mañana se están seleccionando los once miembros del jurado popular que durante dos semanas juzgarán al celador, cuya declaración se iniciará a las 16.00 horas de hoy.