UNA INDEMNIZACIÓN DE 92.000 EUROS
Beatriz López Doncel, la auxiliar de enfermería acusada de asesinar a dos pacientes ingresadas en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, ha defendido en el juicio su inocencia y ha afirmado entre lágrimas que "no sería capaz de quitarle la vida a nadie", recalcando que se "dejó la piel" en el hospital cuidando a las personas y criticando que se le acuse de algo "horrible" sin tener prueba alguna.
"Llevo sufriendo un año encerrada en una cárcel sin pruebas y se me sigue llamando asesina y por qué", ha lamentando la procesada entre sollozos en su declaración durante la primera sesión de la vista oral, en la que ha recriminado que se le haya destrozado la vida después de estar doce años trabajando en este hospital madrileño.
La encausada ha subrayado que ha padecido por muertes de pacientes "pero de ahí a decidir por lástima o por pena provocar la muerte", "no". "Para eso están los familiares porque yo no tengo pérdida alguna. No sería capaz de quitarle la vida a nadie", ha señalado recordando lo que sufrió cuando falleció su abuela.
Los hechos se produjeron entre 2015 y 2017 en el Hospital de Alcalá de Henares, donde la procesada trabajaba como auxiliar de enfermería. La acusada, que tenía encomendada la tarea de cuidar a los pacientes, inyectó con una jeringuilla aire en el catéter de una de las vías venosas de dos ancianas, de 86 y 92 años.
La acusada se enfrenta a una petición fiscal de 40 años de cárcel por dos delitos de asesinato consumado, mientras que las tres acusaciones particulares incluyen también un delito de tentativa de asesinato por una víctima que sobrevivió. Su defensa reclama la libre absolución al considerar que no hay pruebas concluyentes contra ella.
Un Jurado Popular tendrá que deliberar sobre si inyectó o no ese aire en una de las vías, unos hechos sobre los que no hay ni imágenes ni testigos presenciales. Los miembros del tribunal deberán determinar su veredicto en base a las pruebas que se expongan, sobre todo los informes forenses sobre las causas de la muerte, y los testimonios de sus compañeros.
Los peritos determinaron en un TAC que las ancianas murieron por embolia gaseosa ante "la presencia de una ingente cantidad de aire en las venas que llegó al corazón y produjo la muerte", según ha expuesto el fiscal en su informe previo. Según los informes, se hallaron burbujas gaseosas en los senos.
Defensa de su inocencia
En su declaración, ha relatado que llevaba doce años trabajando en este hospital al cuidado sanitario de los pacientes sin poder coger "cosas punzantes o cortantes", indicado que solo retiraba vías 'postmortem'. Entre 2015 y 2017, estuvo de baja por la agresión que sufrió de un paciente, quien al caerse del sillón le rompió un dedo.
A preguntas sobre la fallecida en 2017, ha explicado que ese día le tocó la habitación de Consuelo D.F. por sorteo y acudió a atender a su compañera porque estaba "agitada".
"Estaba tumbada de forma lateral y roncaba. Ni la toqué, le puse el termómetro entre la espalda y la almohada y seguía roncando. Interpreté que estaba dormida. No sabía si el ronquido era de sueño o agonizaba", ha dicho insistiendo en que ni la tocó.
Ese día, entró cuatro veces en la habitación. Cuando advirtió de que estaba mala a instancias de la propia paciente por la fiebre que tenía, llamó a los médicos. Al llegar los facultativos, la reanimaron y falleció. "La limpie la cara, le quite el apósito y sangró", ha explicado.
En cuanto a la mujer que sobrevivió, ha explicado al representante del Ministerio Fiscal que solo recuerda en su caso que los médicos le indicaron tras entrar en coma que le repasaran el brazo porque parecía que tenía burbujas de aire.
El fiscal le ha preguntado sobre por qué tenía tantas jeringuillas en su casa, a lo que ésta ha replicado que era para curarse el dedo por una infección que tuvo y para dar el medicamento a su hija. "Unas eran para el jarabe y otras para lavarme la herida del dedo que tenía perjudicado", ha especificado.
Prisión permanente revisable
La acción popular, que representa a la Asociación El Defensor del Paciente, reclama Prisión Permanente Revisable al considerar que la encausada es culpable por su "cariz homicida y reiterado". "Desde 2013, hay una serie de pacientes intoxicados con una medicación que no tenían pautada y luego aparece la presencia de aire. Pensamos que es culpable porque es la última persona que entraba en la habitación", ha aseverado el abogado Antonio Navarro, quien ha sentenciado que "las pruebas objetivas la acusan directamente a ella".
Otra de las acusaciones particulares ha recalcado que hubo dos casos de muertes súbitas y uno que estuvo a punto de personas mayores que no estaban graves, lo que despertó las sospechas hacia esta enfermera al tener contacto con las mismas. "Si no tuviera la convicción de que fue ella, no estaría aquí", ha aseverado el letrado ante las dudas que podrían plantearse en el Jurado sobre su culpabilidad.
Acusación sin pruebas
La defensa sostiene que no hay pruebas concluyentes contra su clienta, defendiendo que no es autora de ninguno de los asesinatos. Según el letrado, hay informes forenses que exculparían a su patrocinada. "Mi función es llamar la atención sobre las lagunas y las circunstancias que indican dudas razonables sobre mi patrocinada", ha indicado el abogado y ha solicitado la libre absolución de la acusada.
El abogado defensor ha criticado que solo se investigarán las muertes que se produjeron cuando su clienta estaba trabajando a pesar de que hubo más fallecimientos sospechosos en ese mismo hospital. "No se hizo TAC a los octogenarios que murieron cuando Beatriz estaba de baja", ha recalcado.
En su escrito de acusación, el fiscal pide 40 años de prisión por dos delitos de asesinato. Los hechos serán enjuiciados por un Jurado Popular, que se seleccionará el mismo día que se celebra la vista oral.
Hace un año, el juez de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares procesó a la auxiliar por dos delitos de asesinato y otro en grado de tentativa. Este último no ha sido contemplado por la Fiscalía.
También reclama que se le imponga la medida de libertad vigilada consistente en la prohibición de desempeñar actividades como auxiliar de clínica en cualquier hospital o centro médico, durante un período de diez años. También pide que indemnice 92.000 euros a los familiares de las víctimas.