Robo
Durante 5 años le amenazaron y le agredieron para quitarle su dinero. Los detenidos son familiares de la víctima y ya habían llevado a cabo una práctica similar con su madre, que también presenta un alto nivel de discapacidad.
La Policía Nacional de Alicante ha detenido a cinco personas por amenazas, agresiones y coacciones a un familiar suyo que tiene discapacidad intelectual. Este comportamiento se ha producido durante cinco años con el único fin de cobrar la pensión de la víctima.
Algunos de los implicados en este suceso ya fueron detenidos en enero de este año por unos hechos similares. Durante veinte años, estuvieron coaccionando a otra familiar, una mujer con un alto nivel de discapacidad (65%) que es la madre de la víctima. A ella también le robaron su pensión, bajo el argumento de que tenía que cobrar una deuda pendiente, valorada en un millón y medio de pesetas. Durante cinco años han repetido esta práctica con su hijo.
A raíz de estas detenciones, los agentes tuvieron conocimiento de los hechos contra su progenitor. Éste, un varón con un 71% de discapacidad intelectual, decidió denunciar su situación, a principios del mes de junio, ante los agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante. En su declaración, aseguró haber sufrido vejaciones y amenazas durante el último lustro. Los detenidos, según la versión de la víctima, le obligaron, de forma violenta, a abrir una cuenta bancaria en la que aparecía como autorizado uno de los presuntos agresores, para cobrar allí los poco más de 400 euros de pensión que la persona discapacitada cobra mensualmente.
Los agresores, según informa la Policía Nacional, obligaron violentamente al hombre a entrar en un coche para personarse con ellos en el banco, y cumplir así con sus peticiones. "Como no hagas lo que te decimos, te vamos a pegar y matar" o "como no hagas lo que te hemos dicho te mando a este y te pega una paliza", son algunas de las amenazas que el denunciante explicó en su declaración.
Esta situación se habría intensificado después de que la víctima fuera citada en el Juzgado para su declaración. Permaneció encerrado, con una continua vigilancia y bajo amenazas durante los dos días previos a la comparecencia. Los detenidos le quitaron el teléfono móvil para que no pidiera ayuda, además de tener en su poder el DNI, la tarjeta de crédito y la cartilla bancaria de la víctima.