Estafa mascarillas
El organismo asegura Luis Medina y Alberto Luceño usaron un logotipo de la CCI antiguo y que el texto de los contratos por los que obtuvieron comisiones millonarias "no se corresponde" con ningún modelo avalado.
Luis Medina y Alberto Luceño usaron contratos falsos para obtener comisiones millonarias por la adquisición, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de mascarillas y otros materiales sanitarios durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. Así lo ha revelado la Cámara de Comercio Internacional (CCI), asegurando que los documentos de los que se sirvieron ambos empresarios incluían un logotipo de la entidad antigua y que el texto de los mismos "no se correspondía" con ninguno avalado por la propia CCI.
"Ese contrato se ha basado en un falso modelo atribuido a la Cámara de Comercio Internacional. Ese falso modelo, con inclusión no autorizada del antiguo logotipo de la Cámara de Comercio Internacional, es un texto que no se corresponde con ningún modelo de documento avalado por la ICC", ha explicado la CCI en un comunicado firmado por el secretario de la institución en España, Jordi Sellarés.
"La Cámara de Comercio Internacional, hace ya quince años, al detectar esa ola de ficticias atribuciones a su institución de ese falso modelo de contrato, al que se le daba el pomposo nombre de 'Non circumvention non disclosure agreement', con el acrónimo NCND, porque pretendía evitar el contacto directo de proveedor y comprador, sin remuneración del intermediario, ya realizó las alertas oportunas", añade el organismo en su nota de prensa.
Medina ofrece su herencia
Mientras, Luis Medina ha puesto a disposición del juzgado que investiga el caso de las mascarillas la herencia de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le impuso el magistrado.
El escrito fue presentado ante el juzgado de instrucción número 47 de Madrid ayer lunes, antes de que Medina y el otro imputado, Alberto Luceño, declararan ante el magistrado del caso por primera vez, por presuntamente embolsarse una comisión de 6,6 millones en tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para suministrar material sanitario en las primeras semanas de la pandemia.