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El calvario de un profesor madrileño: busca refugio en Galicia para alejarse del acoso de la familia de una alumna

El docente madrileño se ha refugiado en Galicia buscando alejarse de la presión sufrida por parte de la familia de una alumna.

Un aula de colegio vacíaFreepik

Su calvario se remonta al año 2018 y, aunque no ha puesto fin a sus secuelas, la justicia ha obligado a la Consejería de Educación de Madrid a indemnizarle con casi 50.000 euros por la situación de "desamparo" que sufrió.

El hombre, ya jubilado, pasó buena parte de su vida trabajando en el IES Juan de la Cierva, en Madrid. Hace 5 años se convirtió en el profesor de una alumna de 3º de la ESO con la que empezó a tener problemas. La familia de la menor le culpó de una lesión que tuvo la estudiante durante una clase y, posteriormente, de mala conducta por parte del docente en diferentes episodios, incluso, de agresiones verbales hacia la menor.

Todo ello lo resumieron los padres de la joven en diferentes escritos que llegaron desde el centro de estudios hasta las autoridades. Y todo ello, también, supuso la merma de la salud mental del profesor. El acoso de los padres fue tal, explica, que llegó a solicitar la incapacidad temporal por ansiedad en diferentes ocasiones, y después terminó pidiendo la prejubilación para huir del instituto.

La situación de indefensión del profesor, sostiene en sus escritos, le introdujo en un proceso de depresión grave, internó en un centro psiquiátrico, y protagonizó un intento de suicidio, y decidió llevar todo esto ante la justicia.

Recibirá una indemnización de casi 50.000 euros

Ahora, retirado ya en Galicia, el juez de lo Social número 8 de Madrid ha estimado parte de su demanda y se le reconoce el derecho a una indemnización de casi 50.000 euros debido al incumplimiento del protocolo de prevención y actuación frente a todos los tipos de violencia en el trabajo de los centros docentes.

Puede ser esta un pequeña victoria de este profesor, que vive ahora lejos de su hogar, aunque la sentencia está recurrida por el Gobierno regional y deberá ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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