Pobreza discapacidad
En España hay 2,5 millones de personas con movilidad reducida, de esas el 74% necesita ayuda e infraestructuras para salir de su vivienda, además más de 100.000 personas viven permanentemente encerradas en su vivienda por carecer de ayudas.
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este domingo, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha alertado del incremento constante de la exclusión y la pobreza de este grupo social y urge a aplicar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades de este grupo social.
Según los datos, una de cada tres personas con discapacidad está en riesgo de exclusión social, exactamente el 33,8% de la población, la cifra más alta de los últimos 10 años, y 11 puntos por encima de las personas que no tienen discapacidad.
Efectos de la pandemia
La asociación explica que durante la pandemia las personas con discapacidad han tenido más dificultades para por ejemplo encontrar una vivienda digna o simplemente pagar el recibo de la luz.
Retroceso en el empleo o educación
"Los datos demuestran el severo impacto que la crisis sanitaria, económica y social de la covid-19 está teniendo sobre las personas con discapacidad, quienes estamos viviendo un retroceso en el acceso al empleo, a la educación y a los servicios sociosanitarios", denuncia su presidente, Anxo Queiruga, quién además añade que "la escasez de viviendas accesibles, el incremento del coste de los alquileres y el sobrecoste que implican las tecnologías de apoyo y sistemas domóticos son algunos de los factores que restringen el acceso a una vivienda en condiciones de igualdad.
En España hay 2,5 millones de personas con movilidad reducida, de esas el 74% necesita ayuda e infraestructuras para salir de su vivienda, además más de 100.000 personas viven permanentemente encerradas en su vivienda por carecer de ayudas.
Subida de la luz
El encarecimiento del precio de la luz también es un problema derivado, ya que muchas personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el seguimiento de su tratamiento con sistemas domóticos, grúas de elevación, dispositivos de hemodiálisis o máquinas de oxígeno, hecho que ha incrementado el recibo de la luz.
El 37% de las personas con discapacidad física y orgánica vieron vulnerados sus derechos en 2020 y muchas se quedan fuera del sistema de apoyos porque el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad todavía no se está aplicando.