CAMPAÑA CONTRA LA TRANSEXUALIDAD
El Ayuntamiento de Barcelona ha avisado de que puede sancionar con multas de hasta 3.000 euros la actividad del autobús de Hazte Oír, que forma parte de una campaña contra los niños transexuales que abandera el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen'. En declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de Barcelona, la concejal de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, ha advertido a la asociación: "El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido".
En el momento que el autobús llegue a Barcelona --previsiblemente el viernes-- el consistorio "no se quedará de brazos cruzados" y aprovechará todo el margen que tiene para sancionar su actividad a través de la Guardia Urbana, si bien debe estudiar si podrá emprender actuaciones como requisar el vehículo. "Si llega a Barcelona tendremos que esperar a que haga su actividad para detenerlo y proceder a las sanciones vía ley y ordenanza, por tanto, no podrá circular por la ciudad", ha remarcado la concejal, que espera que la ruta se paralice antes de que llegue a la capital catalana.
Según han precisado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, la asociación puede ser multada por esta campaña con una sanción de hasta 600 euros, si se aplica la ley de publicidad dinámica, y con hasta 3.000 euros, si se tiene en cuenta la ordenanza municipal de convivencia con el agravante de menores afectados. Ha calificado el "autobús del odio" de provocación clara ante una sociedad que está avanzando en visibilizar y reconocer los derechos de las personas transexuales, además de considerar que no es casual que la campaña llegue en un momento en el que el Congreso de los Diputados, el Parlament y el Ayuntamiento están abordando esta cuestión.
La concejal también ha dicho que se ha puesto en contacto con el departamento de Igualdad de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, que llevará el caso a la Fiscalía de Delitos de Odio, para poder multar la entrada del autobús, y ha celebrado que exista "suficiente consenso social" entre entidades y ayuntamientos.