Violencia de género
El Ministerio Fiscal reclama una pena de 18 años y 9 meses de prisión por cinco delitos.
La Audiencia de León abre el juicio contra el exconcejal del Ayuntamiento de Ponferrada (León) Pedro Muñoz, acusado de tirar a la que entonces era su mujer por el balcón de la vivienda que compartían y causarle lesiones que la han dejado en silla de ruedas.
La vista la celebrará la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia de León a través de cinco sesiones que se iniciarán este lunes y concluirán, en principio, el día 21 de diciembre.
El acusado fue detenido 1 de junio de 2020 por la Guardia Civil como supuesto autor de un delito de violencia machista después de que su mujer ingresara tres días antes, en estado grave, en un hospital de León.
Cuando fue detenido, Muñoz aseguró que su esposa había sufrido una caída en la casa que ambos compartían. Sin embargo, las investigaciones desembocaron en su detención ante algunas evidencias que ponían en entredicho su versión de los hechos y apuntaban a una agresión.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada, con competencias en violencia sobre la mujer, decretó entonces el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para Muñoz por supuestos malos tratos a su mujer.
Se espera que en el juicio declara la víctima, que en estos momentos está ingresada en una residencia de manera secreta para que su agresor no pueda localizarla, ya que tras pasar dos años de prisión preventiva ya se encuentra en libertad condicional.
La acusación pública no se le imputa por delito de intento de homicidio porque el político llamó al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León para pedir asistencia sanitaria. El Ministerio Fiscal solicita para el exedil una condena global de 18 años y nueve meses de cárcel por los delitos de violencia habitual, maltrato en el ámbito familiar, injurias, amenazas y, el más grave, lesiones agravadas.
La Fiscalía sostiene que la mujer fue víctima de "malos tratos continuados" por lo que reconoce también violencia psíquica, y acusa a Muñoz además de un delito de injurias y de amenazas por los insultos a los que era sometida la víctima.
Además, solicitan la prohibición del encausado de acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier vía durante 42 años y medio, prohibición de tener armas durante 16 años, una indemnización para su ya exesposa que supera el millón de euros, las costas del proceso judicial y 74.000 euros para el Sacyl y otros 48.000 para el Hospital de parapléjicos de Toledo por la asistencia sanitaria prestada a la víctima.