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Huelga

Arranca una huelga indefinida de secretarios judiciales en busca de mejoras salariales

Los letrados de la Administración de Justicia defienden que no reciben una retribución acorde a su responsabilidad.

Letrados de la Administración de JusticiaEFE

Este martes ha comenzado la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, conocidos como secretarios judiciales. Los paros podrían paralizar miles de vistas y juicios, así como bloquear cuentas judiciales. Tras convocar en noviembre y diciembre dos paros -sin respuesta del Ministerio de Justicia- los letrados buscan una mejora salarial.

Los secretarios judiciales quieren que se adecuen sus condiciones a las responsabilidades que asumen tras las reformas de 2009 y 2015. El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) se han unido a la huelga indefinida.

Denuncian que el Ministerio de Justicia no ha convocado al Comité de huelga tras los paros de los últimos meses. Unos 4.000 letrados de la Administración de Justicia están llamados a la huelga que comienza este 24 de enero.

Una responsabilidad que no ha sido remunerada

Los secretarios judiciales denuncian que hasta ahora esa responsabilidad y carácter directivo no han sido remuneradas. Denuncian los funcionarios de la Administración del Estado de mayor rango (nivel A1) una desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los de la misma clase como jueces y fiscales.

Manifestación en Madrid

Habrá una manifestación en la Plaza Callao de Madrid a las 13.00 horas y los letrados se movilizarán hasta el Ministerio de Justicia. La ministra Pilar Llop pidió el pasado viernes a los convocantes que huyesen de "posiciones maximalistas" porque éstas impiden "buenos acuerdos", asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.

Asimismo, Llop enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales. Les pide que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.

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