Clarisas
Una trabajadora social visitó el Convento de Santa María Bretonera el pasado 18 de julio y explicó los pasos que debían dar para elaborar el informe.
Las monjas excomulgadas de Belorado, en Burgos, deben remitir una serie de documentación a la Diputación de Burgos para que una trabajadora social pueda realizar el análisis de vulnerabilidad solicitado por el Arzobispado de Burgos. Este requisito es obligatorio para que se inicie el proceso de desalojo de las exreligiosas. La Ley de la Vivienda, que entró en vigor el 26 de mayo de 2023, obliga a los grandes tenedores -cualquier persona física o empresa que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial- a demostrar la no vulnerabilidad de los inquilinos a desahuciar.
La diputada provincial de Bienestar Social, Inmaculada Sierra, ha asegurado que "el pasado 18 de julio, una trabajadora social de la Diputación se trasladó hasta el convento de Belorado para explicar a las exclarisas los pasos que deben dar para la elaboración de ese análisis". En concreto, se les ha reclamado documentación relacionada con su situación económica. Algo que todavía no han hecho.
"Estamos a la espera de esos datos para que la trabajadora social pueda hacer el informe reclamado por el Arzobispado -explica Sierra. En cuanto los tenga, podrá elaborar el informe de vulnerabilidad". También cabe la posibilidad de que las exhermanas no remitan la información que se les reclama, en cuyo caso "se notificará al Arzobispado la imposibilidad de aportar el análisis".
En conversación telefónica con Susana Mateo, sor Sión, ha afirmado que el encuentro con la técnico de la Diputación de Burgos se produjo en un ambiente cordial y "en unos días podremos facilitar más información ya que estamos pendientes de comunicarnos con ella". Aseguran estar todas bien, "gracias a Dios", y deseosas de aclarar la situación. "No entendemos nada. El Arzobispado dice que no ha iniciado ningún trámite para desalojarnos y, sin embargo, este análisis de vulnerabilidad es un paso obligado por la ley para desahuciarnos", comenta.
Para ellas sigue sin abordarse la cuestión que para ellas es más importante: determinar la propiedad de los conventos de Orduña, Derio y Belorado. "El Arzobispado se está comportando como si fueran los dueños de todo esto y nosotras seguimos diciendo que es de nuestra comunidad. Cuando se determine de quién es, decidiremos", explica.
Fuentes de la Comisión Gestora de los monasterios aseguran que "no se ha iniciado en ninguna instancia judicial el procedimiento de desahucio de las exreligiosas" y que "los servicios jurídicos trabajan con todos los escenarios posibles". De esta forma. El análisis de vulnerabilidad se ha solicitado simplemente para "trazar un panorama de la situación actual de todas las personas que residen dentro del Monasterio de Belorado: tanto las exreligiosas que han sido excomulgadas como las cinco hermanas mayores".
La diputada provincial, Inmaculada Sierra, confía en que en un plazo breve se reciba la documentación solicitada y pueda remitirse el informe al Arzobispado de Burgos.
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