Caso Gabriel Cruz
La dirección del centro penitenciario de Brieva habría aplicado así el artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario, por el que se imponen más limitaciones a los reclusos.
La responsable del asesinato de Gabriel Cruz en 2018, Ana Julia Quezada, ha sido trasladada a otro módulo de la cárcel de Brieva (Álava) para "salvaguardas su integridad física" después de que la madre del menor fallecido haya hecho pública su condena por la presunta participación de la criminal en un documental.
Así han podido confirmarlo fuentes penitenciarias al medio 'The Objective'. La dirección del centro ha decidido apartarla porque la noticia de su posible aparición en una serie televisiva puede generar revuelo entre las demás presas de la cárcel. Los responsables de Brieva han activado el artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario. Esta ley permite que el director adopte medidas, en base a "determinadas circunstancias y objetivos concretos", que impongan límites a los reclusos. Pueden aplicarse "a solicitud del interno o por propia iniciativa".
Por el momento la fuentes penitenciarias explican que el comportamiento de Ana Julia Quezada en la cárcel no ha sido muy convulso, si bien es cierto que está incluida en el régimen de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento. Es decir, tenía una vigilancia especial dentro del centro desde que empezó la condena.
Ahora ha sido trasladada el módulo más restrictivo. No podrá relacionarse con nadie y apenas podrá salir de su celda, siempre citando las mismas fuentes. Come en su habitáculo y tampoco podrá reunirse en el patio con el resto de reclusas.
La decisión del director de la cárcel viene después de que el pasado sábado, Patricia Ramírez, compartió en una rueda de prensa que tenía pruebas de que varios funcionarios de prisión de Brieva le habían dado el acceso a un móvil a la asesina. Aseguró que había dado a conocer el caso a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La madre de Gabriel Cruz constata que Ana Julia Quezada se habría comunicado a través de vídeos y audios con trabajadores de una productora para aparecer en una serie. No quiso facilitar a los medios el nombre de la empresa que se estaría encargando del programa, pero en cualquier caso advierte de que emprenderá acciones legales contra esta por sacar adelante un documental televisado pese a la negativa de la familia del niño asesinado.
También, Patricia Ramírez cargó contra el Ministerio del Interior durante la rueda de prensa. Compartió que el pasado 27 de diciembre se reunió personalmente con Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad, y con Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, para informarles de que sabía que la productora había contactado con Quezada. Estos cargos le comunicaron que en ningún caso iban a permitir grabar en prisión a la reclusa, pero ella había constatado que sí "se estaban cometiendo irregularidades en las prisiones".
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, después de escuchar las peticiones de la madre de 'Pescaíto', aclara que sigue abierta una investigación para detectar cualquier irregularidad que se estaría cometiendo dentro del ámbito penitenciario. Además, Interior incidió en que van a colaborar con la Justicia para estudiar cualquier requerimiento que se derive de las acciones legales impulsadas por Patricia Ramírez.
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