CIERRA LA INVESTIGACIÓN CON 16 ACUSADOS
El juez del caso Madrid Arena considera que la Policía Municipal de Madrid encargada de evitar el "botellón" en el exterior del recinto, estuvo en el lugar de la tragedia de forma "manifiestamente insuficiente, esporádica y con una pasividad totalmente inadecuada para la gravedad de los hechos".
De esta forma lo indica el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, en el auto en el que mantiene la imputación de dieciséis personas, entre ellas el jefe de la Policía Municipal de la capital, Emilio Monteagudo, que ha presentado su dimisión.
El magistrado argumenta que la aglomeración interior, como consecuencia de la venta de 23.000 entradas para un evento que tenía un aforo autorizado de 10.620 personas, y el "botellón" exterior fueron determinantes en la tragedia. Al comienzo de la actuación del pinchadiscos Steve Aoki, la confluencia en la pista central del público asistente con la "riada humana" de unas 3.000 personas, procedentes del "botellón", produjo una situación "insoportable", en la que algunos jóvenes "no podían ni respirar", apunta.
En cuanto a los encargados de la seguridad, el magistrado critica que el director de Seguridad y Emergencias de Madriddec, Rafael Pastor, manifestara en su declaración que no tuviera potestad para paralizar el evento y que ignorase que muchas de las puertas de la cota 0 estuvieran precintadas.
También en el auto carga contra el coordinador de proyectos de Madridec, Francisco de Amo López, al desconocer "prácticamente todo lo que ocurría en el evento". Además, destaca que hay indicios "abrumadores" acerca de que fue la persona que dio la orden de abrir una de las puertas de emergencias por donde cientos de jóvenes entraron sin control en el pabellón. Sobre Seguriber, señala que el jefe de Emergencias, José Antonio Díaz Romero, era el responsable de que "no se introduzcan personas por accesos no autorizados y de los correspondientes controles y requisas" en la entrada. Aunque manifestó que la apertura del portón fue "una barbaridad", según el juez, no hizo nada para impedirlo.
También se refiere a Roberto Mateos, la persona que se encargaba del control de las cámaras instaladas en el recinto. El magistrado critica que esta sala estuviera "abandonada en diversos tramos de la noche", entre ellos "en torno a las 3.40 de la madrugada cuando ocurrió la avalancha mortal".
En cuanto a Monteagudo, Palop le acusa por su "negligencia" como responsable máximo del Cuerpo, al considerar que la presencia policial fue "contemplativa, insuficiente, esporádica" y denotó "una pasividad inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo".
"La Policía municipal ni evitó, ni palió ni aminoró el botellón sino que tuvo una actitud que benévolamente puede ser calificada de contemplativa", afirma el juez.
Por su parte, el magistrado señala que Simón Viñals, con 77 años en el momento de la tragedia, era el médico encargado de la enfermería del evento, "un cuarto trasero sin ventilación ni luz suficiente y, con un aspecto realmente sorprendente en un país civilizado en pleno siglo XXI, sin agua corriente".
Además en la resolución, el magistrado señala que se acuerda seguir las diligencias previas respecto a Simón y Carlos Viñals por tres delitos de homicidio imprudente grave.