Ley 'sí es sí'
César Canora atiende este viernes a Antena 3 Noticias para explicar que ellos vieron la brecha en la ley antes de entrar en vigor.
La polémica ley del 'solo sí es sí' ha desatado un aluvión de críticas contra la ministra de Igualdad Irene Montero tras sus acusaciones a jueces por las rebajas en las penas de los agresores sexuales tras entrar la norma en vigor. Las víctimas son protagonistas directas de todo este revuelo, el Tribunal Supremo (TS) tendrá en semanas la última palabra.
Un contundente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recuerdan que advirtieron en un informe de 2021 que la reducción de los límites máximos de las penas supondría una reducción a la baja si se beneficia a los condenados. Alertaron de lagunas en la redacción del texto impulsado por Igualdad, algo que desde el departamento no escucharon.
Conmocionadas, las víctimas son las grandes afectadas por las rebajas en las penas a los condenados por agresiones sexuales. Ahora con esta normativa la pena mínima que se contempla para una agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal es de 4 años, antes era de 6. César Canora, abogado de un agresor que se encuentra en libertad, atiende este viernes a Antena 3 Noticias para abordar la situación.
El mismo día que entró en vigor, el cliente de Canora quedó en libertad. Su defendido es un agresor condenado a más de seis años por tres delitos de abuso sexual continuado, otro de abuso sexual y posesión de pornografía infantil. Sus víctimas son cuatro adolescentes menores. Pase lo que pase, el agresor "o volverá a prisión ya que "la situación es irreversible".
Descubrieron la brecha antes de entrar en vigor
"Cuando se proclama el texto, nosotros estudiamos la lay y descubrimos que cabía la posibilidad de pedir esta excarcelación por un principio básico del derecho penal", explica el abogado. La defensa del agresor sexual se "preparó" y en un momento determinado la Audiencia Provincial de Madrid "cumpliendo con su obligación legal", da traslado que alegasen lo que vieran oportuno.
"No solamente debería haber visto" la brecha el Gobierno cuando se proclama el texto antes de entrar en vigor, sino que al abogado le consta que "había varios informes advirtiendo de la situación". Suscribe las palabras que el mayor defensor de su cliente se llama Irene Montero.
Canora entiende a la perfección toda la alarma social por las rebajas en las penas. "Somos conscientes de que la norma no ha conseguido lo que pretendía", señalaba. Sobre una posible solución, como ciudadano dice que "lo que habría que haber hecho es ser un poco más claro, explicar que para cambiar la definición de los delitos había un peaje que pagar que es el que estamos viviendo. Desde luego, si hay una norma nueva, existía un riesgo".