Coronavirus
En este inicio de curso escolar marcado por el coronavirus son cada vez más los padres que se muestran "rebeldes" con la vuelta de sus hijos a las aulas. Dicen estar preocupados por el alto índice de contagios y creen que las medidas adoptadas por las administraciones no hacen de los colegios "un espacio seguro".
El absentismo escolar tiene consecuencias legales
El no llevar a los niños a los centros escolares de forma reiterada e injustificada tiene sus consecuencias legales.
La educación es obligatoria en España desde los 6 hasta los 16 años. Por tanto si un niño, menor o mayor de esa edad, no acude a clase no hay castigo para los padres.
El castigo para los padres
Sin embargo, durante la etapa obligatoria de primaria y secundaria si el absentismo es reiterado y no se justifica la justicia puede actuar.
Es cierto que por la crisis del coronavirus pueden colisionar dos derechos fundamentales del niño: el derecho a ser educado y el derecho a la salud.
También los padres tienen derecho a un entorno de salud adecuada y por eso, muchos de ellos se plantean si con la situación de la pandemia van a llevar a sus hijos al colegio.
¿Qúe dice el Código Penal? ¿Y el Civil?
El Código Penal dice que :"El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad podría tener penas de prisión de tres a 6 meses o multa de 6 meses a un año".
Según el Código Civil la patria potestad es:"Velar por los niños, acompañarles, alimentarles, educarles y procurarles la mejor formación integral".
Por tanto, los padres que no lleven a sus hijos al colegio se pueden enfrentar a una falta administrativa, es decir, una multa o se pueden enfrentar a un delito si la ausencia del niño se prolonga en el tiempo.
Así que si un padre tiene miedo al Covid-19 se puede considerar un hecho reprobable pero no punible. En cambio, si es por desatención o dejadez entonces si sería condenable.
La Fiscalía advierte
La Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que perseguirá a aquellos que no justifiquen la ausencia de sus hijos. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, los padres -en los casos más extremos- se podrían enfrentrar a la retirada de la potestad de sus hijos e incluso a penas de cárcel.