Ceuta
Tres meses después de la crisis migratoria de Ceuta aún se sufren las consecuencias porque hay miles de inmigrantes que siguen en situación irregular.
A mediados de mayo, 12.000 personas accedieron a Ceuta desde Marruecos de manera ilegal provocando una crisis diplomática. Tres meses después de ese momento, 800 inmigrantes adultos y 700 menores continúan acogidos en 4 naves industriales acondicionadas en el polígono del Tarajal de la ciudad autónoma. Sin embargo, el principal problema continúa siendo los migrantes repartidos por las diferentes barriadas de la ciudad.
El 80% de los inmigrantes continúa en la ciudad
Mientras se mantienen la espera de ser acogidos, los marroquíes en situación de irregularidad reciben la ayuda de varias ONG que les dan cobijo, comida y asistencia médica. Los hay que incluso tienen que dormir en la calle o "debajo de los coches, en casas abandonadas o en parques" porque ya no caben en las naves habilitadas para alojarlos.
1.200 marroquíes han solicitado protección internacional en España y 260 ya han podido cruzar el Estrecho tras ver sus peticiones admitidas a trámite. "Hay gente que tiene paciencia y otros que directamente se conforman", explica la responsable de comunicación de Cruz Roja en Ceuta, Isabel Brasero.
Esta situación no solo genera conflictos entre los propios inmigrantes, también produce malestar entre los vecinos de la zona que reconocen que no están tranquilos. "Crean inseguridad".
Sin capacidad para dar solución a la problemática
Según los cálculos del Ejecutivo ceutí, en la ciudad hay cientos de niños que Marruecos sigue sin reclamar. Por eso, la preocupación principal es que los menores puedan "regresar a su país, a su casa, a su entorno", advierte Mabel Deu, la vicepresidenta primera de Ceuta.
En este sentido, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha puesto en marcha un plan de emergencia que activará en septiembre para dar atención educativa a los niños con hasta 16 años que continúen en territorio español en dicho mes.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha explicado que "si hay algún padre que no quiera a su hijo, cosa que no entra en mi cabeza, cuenta con entidades como en España que se hacen cargo de ellos".
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) recuerda que "los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción o control efectivo, independientemente de su situación migratoria y sin discriminación alguna" e insiste en que "las expulsiones colectivas están prohibidas como principio de derecho internacional general".