Cáncer
Solo una intervención urgente podía salvar su vida, la joven de 28 años fue diagnosticada de cáncer de ovario. Sin embargo, según denuncia, la sanidad pública la desahució. Ahora le reclama al Servicio Andaluz de Salud los casi 48.000 euros de gastos médicos que pagó en un centro privado.
Exactamente 47.616,11 euros es lo que una joven sevillana de 28 años le reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esa es la cantidad que tuvo que pagar en la medicina privada en concepto de pruebas diagnósticas y de dos intervenciones quirúrgicas. Tras la quimioterapia, el tumor de ovario que padecía no se había reducido. Fue en el Hospital Macarena donde le informaron que la única opción para ella era operarse.
Le hicieron las pruebas previas a la cirugía y tramitaron la autorización pertinente. Sin embargo, en una cita con el cirujano, "me informa de que la operación es muy complicada, que tenía muchos órganos afectados y que algunos de ellos eran indispensables para vivir, dándome dos días para pensarlo, siendo mi sorpresa que al llegar a mi domicilio encuentro una carta del Hospital en la que se me comunica que el día 11 de agosto, 11 días antes de la cita para que decidiera del 22, había sido unilateralmente dada de baja de la lista de espera (registro de demanda quirúrgica)", describe la demandante.
Según expone, mientras le informaban de los riesgos de la operación, la sacaron de la lista de espera quirúrgica.
"Tenía un tumor y un cáncer incompatibles con la vida"
"Ante el abandono a mi suerte por la sanidad pública, con un tumor y un cáncer incompatibles con la vida, tras una desesperada búsqueda vital de quien pueda acometer la intervención que me fue negada por la sanidad pública, acudo al Hospital San Juan de Dios de Córdoba, quedando ingresada el 1-09-23 y operada de urgencia al día siguiente 2-09-23", explica.
Según el relato de los hechos que consta en la demanda, la intervención en la privada fue un éxito, pero días después tuvo que volver a ser ingresada. Necesitaba una nueva intervención, pero la operación no llegaba. "Tras tres semanas sin intervención quirúrgica, nuevamente no quedó más opción que acudir de nuevo a la sanidad privada en Córdoba, donde quedé ingresada el 9-10-2023 siendo intervenida ese mismo día", justifica.
"Me he visto a desembolsar un total de 47.616,11 euros cuyo reintegro solicito"
"En consecuencia, desahuciada por la sanidad pública, que por dos veces me abocó a requerir por urgencia vital la intervención de la sanidad privada que sí acometió con éxito las intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas certeras, también negadas, me he visto a desembolsar un total de 47.616,11 euros cuyo reintegro solicito", concluye.
El abogado que la representa es Pedro Arnaiz, especialista en mala praxis sanitaria, con 36 años de ejercicio profesional. "Una vez fracasado el tratamiento para el cáncer y siendo la única opción de salvar la vida la intervención quirúrgica, fue descartada por el SAS, sacando a la paciente de la lista de espera sin su conocimiento, al tiempo que, con esa decisión ya tomada, intentaban convencerla de que no se operase por el alto riesgo de la intervención", destaca el abogado.
Según ha detallado este letrado a Antena3 Noticias, en el caso de esta paciente está justificado acudir a la sanidad privada por el concepto legal de urgencia vital. En la demanda cita jurisprudencia en la que fundamenta la reclamación de su cliente en ese aspecto, “la malignidad del diagnóstico y su tratamiento entendemos que se incluye dentro de un supuesto de urgencia vital, en el que la premura y la propia angustia de la enfermedad implican el que el acudir a un ente privado quede justificado, y sea responsable la sanidad pública en su atención” refleja en el escrito.
Aunque el grueso de la factura médica radica en las dos intervenciones, en esta demanda al Servicio Andaluz de Salud también se incluyen varias pruebas diagnósticas en la sanidad privada, ya que fueron éstas las que confirmaron que padecía cáncer de ovario.
La demandante cuenta cómo tras acudir en varias ocasiones a distintos facultativos de la sanidad pública éstos no conseguían llegar a un diagnóstico.
"Empecé a tener problemas para orinar, hasta el punto de que yo misma tenía que apretarme la vejiga para poder orinar. Fui al médico de cabecera, y me dijo que según los síntomas sería infección de orina. Me hicieron las pruebas, y dio negativo. Como los síntomas se agravaban, acudí a urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde tras analíticas, análisis de orina y una radiografía simple indicaron como diagnóstico de presunción 'dolor hipocondrio derecho', intolerancias alimenticias, y acumulación de gases, dándome el alta. El 25 de enero de 2023 vuelvo a acudir por agravamiento de los síntomas, y tras otra radiografía de abdomen, me dan alta con diagnóstico de presunción 'dolor abdominal'", enumera.
En la pública le hicieron radiografías y no detectaban el tumor. Fue en la sanidad privada donde le practicaron la ecografía que dio, por fin, en la tecla. "A la vista de mi situación clínica, no me quedó otra opción que acudir en ayuda de la medicina privada el 6 de febrero, donde sí me prescribieron una ecografía con el siguiente resultado. Se acompaña informe y factura por importe de sesenta euros. A la vista del resultado de la ecografía, acudo nuevamente al Hospital Virgen Macarena al día siguiente. Ahora sí me prescriben ecografía que practicada confirma el diagnóstico establecido en la sanidad privada el día anterior", lamenta la demandante.
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