Indemnización
La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha sido condenada a indemnizar a un paciente con 80.000 euros tras quedarse mudo después de una laringectomía.
En noviembre de 2019 comenzó el calvario del protagonista de esta noticia, un hombre de 61 años que tras una negligencia médica se ha quedado mudo. El primer síntoma que advirtió fue un cuadro de disfonía persistente por lo que decidió acudir a su médico que a su vez lo derivó al Servicio de ORL del Complejo Hospitalario de Palencia.
Fue entonces cuando se le detectó una lesión en la cuerda vocal izquierda y se solicitó un TAC con biopsia cuyo resultado indicaron que había tumor. Este expediente pasó entonces a ser valorado por Oncología como una lesión no operable y se le pautó un tratamiento con quimioterapia.
El Defensor del Paciente informó de que paralelamente se le realizó un TAC torácico a través del que se encontraron indicios que podrían responder a una reactivación de la tuberculosis previa.
El primer ciclo de quimioterapia lo completó el paciente de febrero a abril y tras esto se le pidió un nuevo TAC, pero en esta ocasión no se solicitó una biopsia.
El 16 de junio de 2020 se le realizó una laringectomía y un vaciamiento ganglionar bilateral y el resultado fue inesperado, no había tumor. La parte extirpada se envió a Anatomía Patológica y allí se descubrió que no había tumor ni en la laringe ni en los ganglios. La masa que se detectó con el TAC era una lesión de tipo infecciosa.
La cirugía a la que se sometió este paciente está indicada en los casos en los que los tumores no logran una respuesta favorable con quimioterapia, pero en esta ocasión sí se había apreciado una reducción de tamaño y la masa que se seguía apreciando no era un tumor como después se confirmó. Sin embargo, en la sentencia se da por bueno que no se hizo ninguna prueba de comprobación previa que hubiera evitado una cirugía sin vuelta atrás para el paciente y por la que ha quedado mudo al haberle extirpado las cuerdas vocales.
El afectado no puede comunicarse si no es con la ayuda de una libreta y también muestra dificultades para la deglución. El Defensor del Paciente, Carmen Flores denuncia que "no es pedir demasiado que se hubiera comprobado mediante biopsia el diagnóstico, tal y como ya se había hecho el año anterior. Sobre todo, teniendo en cuenta que la única opción que se le ofreció al paciente era de consecuencias tan radicales y sin posibilidad de reversión Nada justifica que no se comprobara el diagnóstico antes de operar".
La aseguradora de la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha sido condenada a indemnizar a la víctima con 80.000 euros.
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