Tope al gas
Los dos bloques de países han acercado posturas en los últimos meses. Pero falta por decidir, entre otras cosas, el precio de ese tope.
Los socios europeos deben alcanzar un acuerdo sobre el tope al precio del gas. El plazo termina este lunes y queda por decidir, entre otros asuntos, cuál será ese precio. España confía en que los ministros logren un pacto incluso si ello supone recurrir a una votación por mayoría cualificada que deje fuera a Alemania, el país que ha mostrado hasta ahora más reticencias respecto a la aprobación del mecanismo por considerar que pone en riesgo la garantía de suministros.
Los dos bloques de países, la mayoría que quiere un tope al gas en la que se encuentran Italia, España, Grecia o Bélgica, y los que son reacios a intervenir el mercado, como Alemania, Países Bajos o Hungría, han acercado posturas en los últimos meses.
Primera propuesta
Tras meses de debate, la Comisión hizo una primera propuesta legal a finales de noviembre para establecer ese tope en 275 euros el megavatio-hora (MWh) en el índice de futuros TTF de Ámsterdam, que el pasado agosto rozó los 350 euros.
El tope requería además una diferencia de 58 euros respecto a la media de otros mercados internacionales de gas natural licuado (GLN), así como ciertas condiciones de activación y desactivación.
Ya en manos de los países, ese borrador ha ido negociándose y se trabaja ahora con una propuesta de tope en 200 euros/MWh con una brecha superior a 35 euros al precio medio en el mercado de gas natural licuado durante tres días, y un "corredor dinámico" que hiciera evolucionar ese techo en función de la diferencia con otras plazas internacionales.
Los tres expedientes persiguen que la UE esté preparada para un 2023 que se perfila como particularmente difícil en cuanto al abastecimiento gasístico, con apenas envíos de Rusia al club comunitario y un mercado internacional de GLN con una oferta limitada, que se verá aún más comprometida si la economía china despierta.
La reunión del lunes debería servir también para adoptar el reglamento de compras conjuntas y el de aceleración de instalaciones de energía renovable, sobre los que ya existe un acuerdo suficiente pero que varios países, entre ellos España, se resisten a adoptar sin el acuerdo del resto al límite al precio del gas.