SE TRATA DE UN ADOLESCENTE QUE RESIDE EN VIRGINIA
El Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó temporalmente una decisión judicial que permitía el acceso de un adolescente transgénero a los baños masculinos de su instituto en Virginia.
Es la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncia sobre el acceso de los transgénero a los baños que coinciden con su identidad de género en vez de con su sexo biológico, una polémica en ebullición en todo el país.
Esta decisión tiene vigencia hasta el 29 de agosto, la fecha límite para presentar recursos contra un fallo de una instancia inferior que permitía al estudiante en cuestión, Gavin Grimm, que nació mujer, hacer uso de los baños masculinos.
Grimm pudo usar los baños masculinos durante algunas semanas en 2014, pero algunos padres del instituto se quejaron y la jefatura escolar adoptó entonces una política que obligaba a los estudiantes a usar los aseos que coincidían con su sexo biológico, dando inicio a una batalla legal aún en curso.
El magistrado progresista del Supremo Stephen Breyer se ha unido a sus cuatro colegas conservadores para decantar la votación (5-3) y "mantener" así el "status quo" hasta que pueda tomarse una decisión definitiva al respecto. Según Breyer, su voto fue una "cortesía".
El pronunciamiento abre así la puerta a que el Alto Tribunal falle en los próximos meses sobre la cuestión del uso de baños por parte de transexuales, que se ha convertido en una batalla política en el país.
En mayo, el Gobierno de EE.UU. envió una directiva a todas las escuelas públicas del país para que permitieran a los estudiantes transgénero elegir el baño de acuerdo con su identidad de género y recordó que la discriminación por identidad sexual estaba prohibida.
Una veintena de estados liderados por Texas interpusieron hace un mes una demanda contra esa directiva. Otra pugna en esta batalla se libra en Carolina del Norte, que aprobó a principios de año una polémica ley que prohíbe a los transgénero usar los baños que correspondan a su identidad de género en los edificios públicos. Esa norma ha provocado protestas, campañas de boicot y demandas legales.