Inmigración
El tribunal considera un ataque a los derechos fundamentales la política británica con los migrantes.
Revés para Boris Johnson. Reino Unido se ha visto obligado este martes 14 de junio a cancelar el primer vuelo para deportar solicitantes de asilo a Ruanda. La decisión se produce tras la intervención Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ordenó la paralización de la expulsión y declaró que las acciones "conllevan un riesgo real de daño irreversible".
Según los detractores del plan del gobierno británico, es ilegal e inhumano enviar a los solicitantes de asilo a un país africano en el que no quieren vivir, situado a miles de kilómetros de distancia. Activistas y la ONU consideran que es un ataque a los derechos de los refugiados que la mayoría de los países han reconocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Un gobierno sorprendido pero convencido de su plan
La ministra británica del Interior, Priti Patel, que firmó el acuerdo con Ruanda el mes pasado, se ha manifestado "sorprendida" por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero asegura que su Gobierno "no se dejará disuadir" de hacer lo correcto y llevará a cabo sus planes "para controlar las fronteras del país".
Después de obtener victorias sucesivas en los tribunales británicos, que daban luz verde a sus planes de deportación, ha sido la jurisdicción europea la que ha frenado toda la estrategia. El Brexit era la garantía de una mayor libertad para endurecer la política de inmigración, pero ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el primero en asestar un duro golpe a los planes de Boris Johnson para externalizar a un tercer país la gestión de solicitantes de refugio.
El TEDH, localizado en Estrasburgo, ha tomado la decisión que varios tribunales ingleses se habían resistido a adoptar. Ordenó primero, a última hora del martes, la suspensión del traslado de un ciudadano iraquí de 54 años, al que se notificó que había sido designado para realizar el viaje, a pesar de que "el 27 de mayo de 2022, un doctor del Centro de Inmigración [donde residía, a su llegada al Reino Unido] había emitido un informe en el que indicaba que el solicitante podría haber sido sometido a torturas", según la orden de suspensión emitida por el TEDH.
Un juez de guardia del tribunal comenzó a revisar las reclamaciones de los otros seis inmigrantes que iban a estar en el primer avión con destino a Ruanda, porque los argumentos jurídicos empleados para frenar la deportación del ciudadano iraquí serían válidos también para ellos. Finalmente, decidió ordenar la suspensión del traslado de todos ellos.
Sería una compañía española radicada en Mallorca, Privilege Style, la encargada de fletar un chárter que iba a partir casi vacío al aeropuerto de Kigali. De los 130 inmigrantes preavisados sobre su inminente destino, ya solo quedaba menos de una decena. El coste final sería de unos 580.000 euros. Esta política de deportaciones se acordó con el Gobierno de Ruanda a cambio de una primera entrega de más de 140 millones de euros.
La respuesta de Reino Unido al Tribunal Europeo
Gran Bretaña luchará contra cualquier desafío legal contra su política de deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda y confía en que los vuelos podrán despegar en el futuro, ha asegurado la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Therese Coffey, en una entrevista a la televisión Sky News. Según Coffey, el gobierno ya se está preparando para el próximo vuelo. Su jefe, el primer ministro Boris Johnson ha ido aún más lejos hasta el punto de sugerir la posibilidad de que su gobierno retire a Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Países como Israel o Australia han amenazado en el pasado con poner en práctica planes similares para la expulsión de los inmigrantes irregulares y en la actualidad, y mucho más cerca, Dinamarca está tratando de llegar a un acuerdo también con Ruanda para externalizar su sistema de asilo, como parte de una 'derechización' de su política migratoria que lleva años gestándose.