NICARAGUA
Se cumplen tres años desde que el Gobierno de España ofreció la nacionalidad a 222 presos políticos nicaragüenses, desterrados y despojados de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Antena 3 Noticias ha hablado con dos de ellos: Irving Larios, histórico defensor de los derechos humanos y exrevolucionario sandinista, y Samantha Jirón, estudiante de Periodismo encarcelada por contar lo que ocurría en su país.
El 9 de febrero de 2023 el régimen nicaragüense liberó a 222 presos políticos, los deportó a Estados Unidos y, en un gesto sin precedentes, los declaró apátridas. España les ofreció entonces la nacionalidad como única vía para recuperar una identidad legal. Entre ellos estaban Irving Larios, de 67 años, y Samantha Jirón, de 26. “Fuimos enviados y expatriados a Estados Unidos sin ningún consentimiento. España nos otorgó la nacionalidad y hoy, tres años después, sigue siendo el único documento que tenemos”, recuerda Larios. Tras pasar un tiempo en Norteamérica, ambos viven ahora en España. Larios lleva cuatro meses; Jirón, un año y medio. Son nicaragüenses, defienden la causa de su país allí donde van, pero ya no existe ningún documento que lo certifique. “No solo nos arrebataron la ciudadanía, nos declararon apátridas. En mi caso, además, me robaron la jubilación, mis propiedades, mis bienes y mis activos”, denuncia Larios.
Les separan 40 años de edad, pero les une una misma convicción: la defensa de la libertad y los derechos humanos. Irving Larios formó parte del movimiento revolucionario que derrocó a la dictadura de Somoza en 1979. Ocupó cargos en el gobierno sandinista y fue responsable de relaciones internacionales con América Latina, hasta que abandonó el proyecto en los años 90.
“España y los españoles tuvieron admiración por lo que hicimos en el 79, pero muchos se quedaron anclados en ese pasado. Hay quienes aún creen que este régimen beneficia al pueblo, y eso ya no ocurre. Eso quedó enterrado en el pasado”, afirma. Samantha Jirón, en cambio, pertenece a la generación que solo ha conocido el régimen de los Ortega. Desde los 18 años lucha contra un sistema que, asegura, le robó su juventud.
Jirón tenía 18 años cuando estallaron las protestas del 18 de abril de 2018, lideradas por el movimiento estudiantil tras años de descontento social, reformas económicas impopulares, concentración de poder y ausencia de democracia. La respuesta del régimen fue brutal. Más de 300 personas murieron, miles resultaron heridas y organismos internacionales denunciaron ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
Samantha escribía mensajes críticos en redes sociales, ha sido en el exilio cuando ha comenzado la carrera de Periodismo. Eso fue suficiente para condenarla a ocho años de prisión. “Estuve encarcelada un año y tres meses. Luego fui desterrada junto a Irving y otros 220 presos políticos”, relata. Larios fue condenado en 2022 a 13 años de cárcel: ocho por “conspiración contra la integridad nacional” y cinco por “propagación de noticias falsas”. “Me acusan por trabajar por la justicia social. En Nicaragua urge restaurar la democracia y yo siempre seré un defensor de los derechos humanos”, declaró tras su condena.
Nicaragua, con casi 7 millones de habitantes, ha visto cómo más de medio millón de personas se han visto forzadas al exilio, especialmente tras 2018. Eso representa cerca del 13 % de la población, según varias ONG. El desempleo supera el 40 % y la economía depende en gran medida de las remesas familiares, principalmente desde Estados Unidos, Costa Rica y España. La información oficial es prácticamente inexistente: los datos proceden de ONG y organismos internacionales como la ONU. “Es un régimen policial, de persecución y hostigamiento permanente. Basta con escribir una palabra en redes para convertirse en objetivo”, explica Larios.
Los jóvenes son los principales afectados. Más de 34 universidades públicas y privadas han sido confiscadas. “Las pocas que quedan son centros de adoctrinamiento político. Ortega sabe que si destruyes la educación, destruyes el futuro del país”, añade la joven.
La prensa independiente ha sido erradicada. Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Nicaragua ocupa el puesto 172 de 180 en libertad de prensa. Los periodistas sufren acoso, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. La mayoría informa desde el exilio. “Estudiar periodismo no es solo una meta profesional, es una forma de seguir luchando. Fui encarcelada por ejercer mi libertad de expresión. Hoy en Nicaragua hay un apagón informativo total”, afirma Jirón.
La pregunta recorre a la diáspora nicaragüense. Hace dos semanas, el Departamento de Estado de EE. UU. declaró ilegítima a Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega. Según Larios, existen conversaciones sobre una posible salida negociada del poder. Ortega tiene ya 80 años. “Ya no hablan con soberbia. Ahora hablan bajito. Son señales, pero esperamos acciones más contundentes”, dice. Estados Unidos impuso en octubre pasado condiciones vinculadas al tratado de libre comercio: liberación de presos políticos, respeto al Estado de derecho y convocatoria de elecciones libres y transparentes, con plazos que se extienden hasta finales de este año.
La incertidumbre persiste. Nicaragua sigue atrapada entre la represión interna, la presión internacional y la esperanza de quienes, aun sin patria, se niegan a rendirse.
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