PESE A LA CONMOCIÓN INICIAL EN LA SOCIEDAD
En espera de una regulación federal sobre la venta y uso de armas de fuego, los diferentes estados de EEUU han tomado la iniciativa y han aprobado 109 leyes al respecto, que en su mayoría rebajan las exigencias para acceder al armamento. Cuando se cumple un año de la matanza de la escuela primaria de Newtown (Connecticut), donde murieron 20 niños y seis adultos, y sólo horas después de un nuevo tiroteo en un colegio de secundaria en Colorado, casi dos tercios (70) de las nuevas leyes estatales facilitan el acceso a las armas y el resto (39) lo dificulta.
La gran actividad de los estados contrasta con la parálisis federal, para frustración del presidente de EEUU, Barack Obama, que, tras el suceso de Newtown, pidió por activa y por pasiva un mayor control de la venta de armas. En realidad, la batalla legal sobre las armas se ha disputado en el ámbito estatal y prácticamente cada estado ha promulgado al menos una ley sobre armas en el último año. "Nacionalmente las leyes sobre las armas no son más duras. Sí lo son en algunos estados. Pero, por otra parte, otros han liberalizado sus leyes este año", dijo el profesor de Ley Constitucional de la Universidad de Denver David Kopel, experto en control de armas.
Hoy, 17 estados tienen una regulación más permisiva con las armas que hace un año, otros 12 han endurecido sus leyes y nueve más han aprobado leyes en ambos sentidos, aunque con un predominio de las que protegen el derecho a poseerlas, consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. El diario The Washington Post destacó en su editorial del viernes que algunos estados, principalmente del Sur y el Medio Oeste, que ya tenían leyes que definió como "laxas", las relajaron aún más, "con la aparente creencia de que el acercamiento del Salvaje Oeste promocionaría una ciudadanía más segura", criticó.
La matanza de Newtown, la segunda mayor por un solo tirador en la historia de EEUU, después de la del instituto Virginia Tech de Blacksburg (Virginia), en abril de 2007, donde murieron 33 personas, marcó un punto de inflexión en la opinión pública del país. Una semana después del tiroteo, el 49% de los estadounidenses consideró más importante vigilar el acceso a las armas que proteger el derecho a poseerlas, una postura defendida por el 42%, en una encuesta del Centro de Investigaciones Pew, y fue la primera vez durante la presidencia de Obama en que se daba prioridad al control.
Sin embargo, Arkanasas permitió llevar armas de fuego al lugar de trabajo, Montana prohibió a las aseguradoras preguntar a los pacientes por la posesión de armas y otros nueve estados aprobaron leyes que favorecen la introducción de armas en las escuelas. Texas, el estado más activo en cuanto a legislación sobre armas, promovió doce nuevas leyes, once de ellas favorables a su uso. Es más, en Nelson (Georgia), una localidad de poco más de 1.000 habitantes al norte de Atlanta, se convirtió en obligatorio tener un arma de fuego en cada casa, con su correspondiente munición, para "proteger la seguridad y el bienestar general de la localidad y de sus habitantes", según el gobierno municipal. "En los últimos 20 años, la tendencia general ha sido relajar los controles. En 2013 fue más contradictoria", recordó Kopel.
En el otro lado de la balanza, California, Nueva York, Maryland o Conneticut, el estado donde se produjo la matanza de hace un año, aprobaron las restricciones a las armas más importantes, con medidas como ilegalizar la tenencia de rifles de asalto, retirarlas a las personas con enfermedades mentales o ayudar a la verificación de antecedentes de los compradores con un registro de exconvictos. En Colorado también se endureció el acceso a las armas, aunque no sin discusión. De hecho, once condados rurales votaron en referéndum sobre una posible secesión, que no prosperó, en la pasada jornada electoral de noviembre para mostrar su descontento.
A diferencia de los parlamentos estatales, el Congreso federal ha sido incapaz de acordar una regulación sobre las armas de fuego. "Tendremos que unirnos y tomar medidas significativas para prevenir más tragedias como ésta, sin importar la política", anunció Obama, entre lágrimas, momentos después del tiroteo de Newtown.
Doce meses más tarde, sigue pendiente una normativa federal significativa al respecto, que Kopel ve ahora "muy improbable". El Senado no llegó a votar en abril una propuesta bipartidista por falta de apoyo y, a partir de ahí, el debate se fue diluyendo. La renovación por otros diez años de la prohibición de las armas de fuego que no reconocen los detectores de metales, que aprobó el Congreso el lunes, ha quedado como la iniciativa federal sobre la materia más destacada del primer año después de Newtown.