Reino Unido
El primer ministro de Reino Unido rechaza la decisión del alto tribunal y tramitará una legislación de emergencia para garantizar que los primeros vuelos a Ruanda parten en primavera.
El Tribunal Supremo británico ha desbaratado el controvertido plan del Gobierno de Rishi Sunak de enviar a Ruanda a migrantes en situación irregular, asestando un serio varapalo a la política de mano dura con las embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha impuesta desde Downing Street.
Tras 18 meses de batalla legal, cinco jueces de la máxima autoridad judicial de Reino Unido han concluido por unanimidad que la propuesta es ilegal, debido al riesgo de que potenciales refugiados sean devueltos a sus países de origen, donde podrían afrontar serias amenazas para su libertad o, incluso, su vida.
La decisión supone un revés para el Ejecutivo, que concebía la apuesta de Ruanda como el principal elemento disuasorio de su estrategia para lidiar con el flujo migratorio, y un golpe políticamente complicado para Sunak, que ha dejado claro, no obstante, que aunque “respeta” el dictamen, está preparado para disputarlo. En rueda de prensa, el primer ministro ha anunciado la introducción de una legislación de emergencia para garantizar que los primeros vuelos a Ruanda parten en primavera, como estaba previsto.
En un claro endurecimiento retórico, Sunak ha dejado claro que está dispuesto a desafiar a cualquier instancia internacional que pretenda bloquear el plan, como había ocurrido el pasado verano, con la intervención de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “No permitiré a ningún tribunal extranjero que bloquee estos vuelos”, advirtió en una comparecencia en la que aclaró que está “preparado para hacer lo que sea necesario”.
El veredicto de este miércoles ha puesto a Sunak ante un incómodo dilema, ya que es inapelable y el dictamen es contundente: Ruanda no puede considerarse un país seguro al que enviar migrantes en espera de tramitación de sus solicitudes de asilo.
Frente a las garantías expresadas por el Gobierno británico, que se ha gastado ya 140 millones de libras (160 millones de euros) en el plan, el Supremo ha detectado “deficiencias” en el sistema de asilo de Ruanda, amparadas por el diagnóstico de la propia Agencia de la ONU para los Refugiados, que implican que, si una petición es rechazada, un refugiado potencialmente “genuino” sería enviado de vuelta a su país, pese a que vulneraría las convenciones internacionales en la materia.