Alemania
El Ministerio del Interior ya está trabajando en medidas para facilitar estas deportaciones.
El canciller alemán, Olaf Scholz, ha anunciado una propuesta que ha generado un intenso debate en Alemania: la deportación de refugiados y solicitantes de asilo que cometan delitos graves, incluso a países considerados inseguros, como Siria o Afganistán. Esta iniciativa surge después el reciente asesinato de un policía en la ciudad de Mannheim a manos de un joven afgano, un hecho que ha conmocionado al país y que ha reavivado las discusiones sobre la política migratoria.
El agresor, que llegó a Alemania en 2013 cuando era aún un adolescente, había solicitado asilo, pero su solicitud fue denegada en 2014. A pesar de la negativa, no fue deportado debido a la situación en su país de origen y su juventud. Desde entonces, ha permanecido en Alemania en una situación de tolerancia, un estatus que comparten decenas de miles de personas en el país.
Scholz, visiblemente afectado por el incidente, expresó en el Bundestag su indignación ante el hecho de que alguien que busca protección en Alemania pueda cometer un crimen tan atroz. "Estos delincuentes deben ser deportados, aunque provengan de Siria o Afganistán", afirmó el canciller, unas palabras que señalan que los intereses de seguridad de Alemania deben prevalecer sobre la protección individual en casos de delitos graves. Además, adelantó que el Ministerio del Interior ya está trabajando en medidas para facilitar estas deportaciones, incluso explorando la posibilidad de negociar con los países vecinos de Afganistán para que acepten a los deportados.
Sin embargo, esta propuesta ha encontrado resistencia dentro del propio gobierno de coalición, especialmente por parte de Los Verdes. Britta Haßelmann, líder del grupo parlamentario de este partido, argumentó que deportar a personas a países no seguros no solo violaría los compromisos humanitarios de Alemania, sino que además sería una medida ineficaz para combatir el extremismo islámico. "¿Cómo se supone que vamos a llevar a cabo estas deportaciones? ¿Vamos a negociar con los talibanes?", cuestionó Haßelmann.
El líder de la oposición, Friedrich Merz, jefe de la Unión Cristianodemócrata (CDU), aprovechó la oportunidad para criticar la gestión del gobierno, y recordó que Alemania destina unos 400 millones de euros en ayudas a Afganistán. Según Merz, este apoyo financiero demuestra que ya existen vías de comunicación con el país asiático, lo que podría facilitar las deportaciones.
Merz también utilizó su intervención para criticar la nueva ley de naturalización que promueve el gobierno, y argumentó que facilitar la obtención de la nacionalidad alemana tras solo cinco años de residencia no fomenta la integración, sino que podría tener el efecto contrario.
En su discurso, Scholz también se comprometió a endurecer las penas para quienes ataquen a policías y a los servicios de emergencia, por lo que afirmó que quienes agreden a aquellos que están para proteger y salvar vidas se deben enfrentar todo el peso de la ley. Esta propuesta busca proteger no solo a las fuerzas del orden, sino también a los políticos que han sido blanco de ataques en los últimos meses.
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