ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO
La expresidenta brasileña Dilma Rousseff ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicita que se anule el juicio político celebrado en su contra, alegando que el proceso de 'impeachment' ha estado plagado de irregularidades.
Rousseff ha pedido específicamente la anulación de la última sesión del 'impeachment', que se celebró el miércoles y en la que 61 de los 81 senadores --por encima de los 54 necesarios-- votaron a favor de cesar definitivamente a la ex mandataria. La líder izquierdista fue apartada del cargo el pasado 12 de mayo, pero solo como medida provisional, a la espera de que se resolviera el 'impeachment' en su contra.
Desde entonces, el vicepresidente, Michel Temer, ha ejercido la Presidencia interina. La defensa de Rousseff también ha pedido que se celebre un nuevo juicio político porque considera que los argumentos que dieron lugar al mismo son inconstitucionales y que el proceso de 'impeachment' ha estado caracterizado por los "errores".
Como primer argumento, señala que los artículos 10 y 11 de la Ley de 'Impeachment', que data de 1950, contienen una redacción más amplia que la actual Carta Magna, vigente desde 1988. La defensa reclama que el Supremo declare inconstitucionales estos preceptos, lo cual dejaría sin base legal este juicio político contra Rousseff.
En segundo lugar apunta que el relator del proceso de 'impeachment', el senador Antonio Anastasia, incluyó en su acusación contra Rousseff un decreto sobre aumento del gasto público adicional a los que había aprobado la Cámara de Diputados para juzgarla, alterando así los cargos en una fase indebida. Por todo ello, Rousseff ha pedido provisionalmente "la suspensión inmediata de los efectos" del fallo del Senado, lo que incluye que Temer, que el miércoles juró como presidente permanente, vuelva a la "situación de interinidad".
La defensa ha avanzado que en los próximos días presentará al menos otro recurso en el que alegará que no había "justa causa" para el 'impeachment', es decir, que los hechos calificados como "crimen de responsabilidad" fueron legales. Rousseff ha denunciado que esta condena parlamentaria era en realidad "un golpe de Estado" perpetrado por quienes no lograron llegar al poder con las urnas y adelantó que daría la batalla "hasta el final" para demostrar su inocencia.