NUEVA JORNADA DE PROTESTA
Un grupo de manifestantes en contra del Gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha quemado este viernes la puerta de acceso a la embajada de Estados Unidos en el país, en una nueva jornada de protestas, en la que exigían la dimisión del mandatario hondureño.
La embajada estadounidense en el país había emitido un comunicado varias horas antes en el que pedía a los hondureños utilizar la vía del diálogo para resolver sus conflictos y evitar actos violentos, según ha informado el diario 'El Heraldo'. "El éxito del país depende de seguir fomentando la democracia a través de conversaciones basadas en el respeto mutuo. Aunque las diferencias de opinión sean grandes, el Gobierno de Honduras, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo hondureño pueden lograr a través del diálogo consensos que beneficiarán a todos", recoge el comunicado.
Por su parte, los manifestantes piden que se deroguen los decretos que permitirían, según han explicado, privatizar los servicios públicos de salud y educación y critican que Estados Unidos "apoye la permanencia en el poder de Hernández".
Este incidente ha ocurrido dos días después de que las autoridades estadounidenses informasen de que habían investigado al presidente hondureño en el marco de un caso de blanqueo de capitales y tráfico de drogas, según muestran varios documentos judiciales.
El informe presentado el martes ante un tribunal federal de la localidad estadounidense de Manhattan está relacionado con un caso de narcotráfico abierto contra el hermano de Hernández, Juan Antonio 'Tony' Hernández.
Como parte de la investigación, la Fiscalía había solicitado en 2015 obtener información sobre los correos electrónicos del presidente hondureño, así como de varias personas cercanas a él. La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) comenzó a investigar a Hernández, que no ha sido acusado de delito alguno, alrededor de 2013, según el documento.
El dirigente hondureño, un abogado conservador que llegó al poder en 2014, logró reducir el número de homicidios registrados en el país con una política de mano dura contra los cárteles de la droga y las pandillas callejeras, la cual ha sido apoyada por Estados Unidos y criticada por grupos de defensa de los Derechos Humanos.