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A punto de entrar a la cárcel por usar una pajita y volverla a dejar en el dispensador
En Singapur, un joven estudiante de negocios ha sido condenado a pagar una multa de 465 dólares.
Un ciudadano francés de 19 años tendrá que pagar una multa de 600 dólares singapurenses, unos 465 dólares estadounidenses o 405 euros, después de declararse culpable de un delito de alteración del orden público en Singapur por lamer una pajita y devolverla a una máquina expendedora de zumos.
Una inocentada con consecuencias
El estudiante de negocios de una escuela francesa con campus en la ciudad-estado protagonizó el incidente durante el mes de abril, cuando el estudiante grabó y difundió en redes sociales un vídeo en el que aparecía lamiendo una pajita extraída de una máquina expendedora de zumos de naranja naturales y devolviéndola posteriormente al dispensador situado en un centro comercial de la isla. La publicación generó una oleada de críticas entre los usuarios, que denunciaron la acción por motivos de higiene y seguridad. Tras la difusión del vídeo, el joven fue detenido semanas después.
Singapur, un país contra el incivismo
En un primer momento también fue acusado de un delito de daños, que podía haberle supuesto hasta dos años de cárcel, aunque finalmente no fue condenado por ese cargo. El galo fue condenado por un tribunal singapurense después de que la Justicia aceptara la petición conjunta de la Fiscalía y la defensa para resolver el caso con una sanción económica y evitar una pena de prisión. Según las leyes del país asiático, la alteración del orden público está castigada en Singapur con penas que pueden alcanzar los tres meses de prisión y multas de hasta 1.550 dólares.
La empresa afectada vuelve a la normalidad
La empresa afectada, iJooz, tuvo que sustituir alrededor de 500 pajitas del dispensador como consecuencia del incidente. El caso ha vuelto a poner el foco sobre las estrictas normas de Singapur, un país conocido por sus duras sanciones contra los comportamientos considerados incívicos. Singapur mantiene desde hace décadas una legislación especialmente estricta en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Las autoridades defienden estas normas como una herramienta para mantener bajos los índices de criminalidad y garantizar el orden público.
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